Save The Children critica la exclusión de la ley de violencia contra la infancia de los planes del Gobierno para 2018

Tras conocerse el Plan Anual Normativo para el año que viene, aprobado este viernes en Consejo de Ministros, la ONG ha recordado al Gobierno que el proyecto de elaborar esta ley figura entre los compromisos que asumió con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo. Señala también que fue "un mandato dado al Gobierno por el pleno del Congreso en septiembre de 2017 por todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Popular", mediante una proposición no de ley daba un plazo de 12 meses para llevarla a tramitación parlamentaria.

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha insistido en que "ningún niño debe encontrarse en un contexto de violencia, y menos aún ser víctima de ella" pero que, en caso de serlo, "debe tener la seguridad de que su entorno más cercano y la sociedad en su conjunto van a acudir a su defensa y protección, venga esa violencia de donde venga", razón por la cual considera que se trata de un proyecto legislativo "prioritario".

"No puede esperar. Instamos al Gobierno a que recapacite y priorice la aprobación de esta norma en 2018, tal y como el pleno del Congreso trasladó al Gobierno", subraya.

En asuntos sociales, las normas más relevantes incluidas en el Plan aprobado por el Consejo de Ministros, a las que deben añadirse las disposiciones cuya aprobación está prevista con carácter anual (como es el caso de la Ley de Presupuestos o el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional) son la Ley de menores sin alcohol, con el fin de adoptar medidas preventivas eficaces para evitar la problemática asociada al consumo de alcohol por parte de los menores de edad; y el Reglamento de desarrollo de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

También incluye la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales, así como los que se deriven de la suscripción del Pacto de Estado en materia de violencia de género creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.