El Senado rechaza una propuesta de la Entesa para denunciar el Concordato y garantizar la laicidad del Estado

Según el defensor de esta iniciativa, el senador Joan Saura, la proposición de Ley encuentra su apoyo en las palabras del propio Papa Francisco, porque el pasado mes de julio defendió públicamente la laicidad del Estado. Además, ha argumentado que "es necesario avanzar con el signo de los tiempos" y hoy dictan separación entre Iglesia y Estado para garantizar "la igualdad en el ejercicio de la libertad de conciencia".

En este sentido, la proposición de Ley plantea una serie de medidas encaminadas por un lado, a la "derogación o reformulación" de los acuerdos con la Santa Sede y, por otro, a la "eliminación de los privilegios" que, según Entesa, tiene la Iglesia Católica en España. Así, establece que el Estado no financiará sus actividades ni las de sus entidades afines o que sus representantes serán tratados como los de los grupos y movimientos sociales, entre otras.

El Grupo Socialista ha votado a favor de la iniciativa aunque, conforme ha señalado el portavoz Francesc Antich, a sabiendas de que no iba a ser aprobada porque, de otro modo, habrían introducido enmiendas. El senador ha leído una intervención favorable a reformar la Ley de Libertad Religiosa y a la adaptación de los acuerdos con las distintas confesiones a lo que la misma dicte, sin que en ningún caso, los mismos rebasen los valores constitucionales, "única referencia común de los españoles".

De parte del Grupo Mixto, los representantes de Izquierda Unida y ERC sí han respaldado la propuesta en su integridad. El primero, el senador por Asturias Jesús Enrique Iglesias, ha destacado como "lo más importante" que persiga denunciar el Concordato y aspire a reemplazar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa vigente, porque, según ha dicho, son los "cimientos legales que han sostenido hasta hoy el mantenimiento en un estado aconfesional de unos privilegios consolidados de la Iglesia Católica".

Por su parte, la representante de ERC, Ester Capella, ha defendido que "el laicismo es un concepto igualitarista que permite el respeto a todas las creencias sin establecer privilegios o preeminencias de unas sobre otras". En su opinión, "es necesario concretar la neutralidad religiosa de las administraciones" con una nueva norma, así como adoptar otras medidas entre las que ha citado que "una comisión debería estudiar el calendario festivo" y su concordancia con un Estado aconfesional.

"LA SOCIEDAD NO ES LAICA"

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular, Unión del Pueblo Navarro y CiU han defendido que no es necesario modificar la legislación vigente porque en España la libertad religiosa y de culto "está garantizada", han apoyado la vigencia de los acuerdos con la Santa Sede porque tienen carácter de "tratado internacional" y han coincidido en señalar que la propuesta de Entesa, más que abundar en la libertad religiosa, busca limitar la de los católicos.

"No es necesario, no está justificado ni hay razón para derogar una ley que ha funcionado y funciona bien. Ninguna confesión religiosa, ni la mayoritaria en España ni otras minoritarias han reclamado la derogación ni la modificación: si funciona bien no hay por qué cambiarlo, no convirtamos en un problema lo que no es porque la libertad religiosa se ejerce bien en España, no hay problemas de discriminación y el principio de aconfesionalidad del Estado funciona", ha declarado la senadora de Unión del Pueblo Navarro, Amelia Salanueva.

El senador 'popular' Alejandro Muñoz-Alonso, tras defender que la libertad religiosa está ya garantizada en la Constitución y que la mención que hace del catolicismo no puede confundirse con una preferencia, ha explicado que frente al laicismo "sano" que "establece una situación de respeto de todas las religiones", Entesa ofrece un "laicismo de batalla, lucha e intento de erradicación del Cristianismo" que es "virulentamente anticlerical" y está muy presente en la "izquierda radical española".

La senadora de CiU, Eva Parera, ha puesto el acento además, en la aportación de la Iglesia al Estado. "Ustedes han hecho muy bien la cuenta del gasto, pero ¿han calculado el ahorro?", ha señalado, para afirmar que sólo con su actividad social, España se ahorra 30.000 millones de euros cada año. A su parecer, "es evidente que el Estado es aconfesional pero la sociedad no lo es" y precisamente por eso, la Constitución lo regula.