El Senado rechaza pedir al Gobierno que mantenga la actual legislación

De la misma forma, esta moción --rechazada con 153 votos en contra, 84 votos a favor y 7 abstenciones-- reclamaba que se garantizase una política de educación sanitaria integral, con perspectiva de género, sobre salud sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo, así como que se implementen campañas para la sensibilización social e información sobre anticoncepción y sexo seguro.

La senadora de GPEPC Mónica Almiñana ha asegurado que "las leyes más restrictivas no disminuyen el número de abortos sino que incrementan los peligros para la salud de las mujeres" y "discriminan a aquellas que no tienen los recursos necesarios para poder ejercer la interrupción voluntaria del embarazo en otro país".

Asimismo, Almiñana ha recordado que la mayoría de los países europeos garantizan el aborto libre hasta la semana catorce y acusa al Gobierno de ceder "ante las presiones e intereses de los lobbies antiabortistas y la jerarquía eclesiástica". "Los derechos que defienden libertades no deben ser tutelados por ninguna confesión religiosa", ha sentenciado.

Por su parte, la senadora del PP María Rosa Vindel López ha afirmado que fue el PSOE quien hace tres años se apartó de la Constitución y que "sean ahora quienes reprochan que se retroceda al criterio constitucional". "Estamos haciendo lo que dijimos a los ciudadanos que íbamos a hacer", ha aseverado.

Así, ha acusado a la portavoz de Entesa de estar "instalada en una permanente insatisfacción" y ha insistido en que el proyecto "va a incluir la mayoría de edad para prestar el consentimiento y la objeción de conciencia del personal sanitario", entre otras medidas novedosas.

Finalmente, la senadora del Grupo Parlamentario Socialista Maria Elena Diego Castellanos ha instado a "llevar a cabo iniciativas para evitar que esta modificación de la ley llegue al Parlamento" y, de esta forma, "proteger a las mujeres de la clandestinidad". Asimismo, acusa al PP de usar la mayoría absoluta "de forma indecente".

Diego denuncia que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, "ha colocado en la agenda política un asunto que la sociedad no considera urgente" y añade que "no es necesario ni prioritario". Por ello, ha aludido a la "necesidad de mantener la ley de 2010". "Supone un avance sobre la del año 1985 y sobre la España en blanco y negro que parece echar de menos el PP", ha concluido.