Sindicatos de Justicia rechazan el copago en los tribunales propuesto por la Generalitat valenciana

Sindicatos de Justicia han expresado su rechazo a la propuesta del consejero de esta área, Jorge Cabré, de "abrir el debate" sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad", ya que consideran que los usuarios no tienen por qué pagar la "mala gestión" y los "déficits" de la Generalitat.

Así, el responsable del sector de la Administración de Justicia en CCOO-PV, Enrique Campayo, ha explicado a Europa Press que en 1985 se suprimieron las tasas judiciales, por lo ha tildado de "vuelta al pasado" la posibilidad apuntada por Cabre de pagar una cantidad todavía sin especificar, aunque habló de 50 o 60 euros.

Según Campayo, CCOO siempre se va a oponer a cualquier formula de pago por parte de los ciudadanos para sufragar la "mala gestión" de la Justicia en la Comunidad Valenciana. A su juicio, con la propuesta del consejero se busca "enmascarar" la situación de la Justicia valenciana que, en su opinión, tiene un estado "deplorable".

El responsable de CCOO-PV ha destacado que cuando Jorge Cabré era secretario autonómico de Justicia "no nos parecía una persona válida", y ha añadido que ahora como consejero y con propuestas como la de establecer una especie de copago en esta área "se pone en evidencia su falta de capacidad en su gestión para hacer frente a los problemas de la Justicia".

Por su parte, el secretario del sector de Administración Autonómica y Justicia de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, Gonzalo Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que, actualmente, la Justicia cuenta con tasas que los ciudadanos tienen que abonar "cada vez que tiene interponer un recurso", lo que provoca que no sea "gratuita y universal como manda la Constitución".

"Si añadimos un copago como si esto fuera una mera prestación de un servicio, convertimos el sistema judicial en un sistema solo accesible para queines tiene medios económicos", ha indicado Fernández, quien considera que para que la Justicia sea "más ágil" lo que hacen falta son "más jueces, más secretarios, más fiscales".

El responsable de UGT-PV ha dicho a los miembros del Consell que "si tan preocupados están por la falta de dinero, su obligación era haber advertido en su momento del gamberrismo que estaban haciendo con el presupuesto el PP y el Gobierno en la Comunitat Valenciana".

Por su lado, al presidente autonómico de CSIF Justicia, Francisco José Cervera, quien ha instado a esperar a conocer en detalle esta propuesta para valorarla en profundidad, aunque le parece "bien" todo lo referente a "facilitar trámites", ha criticado que "siempre le toca pagar al mismo".

En esta línea, Francisco José Cervera ha lamentado que el ciudadano sea quien "tenga que pagar los déficits de la administración". El dirigente de CSIF considera que deberían buscarse "otras fórmulas para agilizar la justicia" que no pasen porque sea el usuario quien tenga que sufragarla.

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

Del mismo modo, uno de los miembros del secretariado de STAS Intersindical Valenciana, Rafael Redondo, ha animado a buscar "otras alternativa de financiación", puesto que, a su juicio, la medida planteada por Cabré "no es adecuada", sobre todo en la situación actual de crisis económica.

Para Redondo, se deben articular otro tipo de fórmulas de financiación que "no carguen el gasto a la ciudadanía". En su opinión, hay que destinar a Justicia, Educación y Sanidad el dinero necesario que, a su juicio, puede provenir, por ejemplo, del gasto en grandes eventos.

También la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado que la propuesta de copago del consejero de Justicia puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell.

La organización argumenta que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".

A su juicio, "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia". Un ejemplo de ello, apuntan las mismas fuentes, es el elevado número de personal interino que, como reconoce la propia institución autonómica, no cuenta con una suficiente formación para desempeñar sus puestos de trabajo, a pesar de tramitar asuntos que pueden afectar al patrimonio, a la integridad o a la vida de los ciudadanos.

LA SOLUCIÓN ES UNA GESTIÓN MÁS EFICAZ

Del mismo modo, defienden que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".

"Hemos de recordar que, tras reclamar al gobierno central la dotación de juzgados con un discurso marcadamente victimista, la Conselleria de Justicia ha optado por no aportar los recursos que le correspondían para los 15 nuevos juzgados para la Comunidad Valenciana que ya habían sido aprobados desde el Ministerio de Justicia, por lo que los mismos no se han podido poner en funcionamiento", reprochan.

En cambio, insisten, "el copago en la administración de justicia supondría que se generasen importantes desigualdades sociales". En este sentido, las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio "no tendrían ningún problema en pagar las tasas que se fijaran, mientras que a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

Esta perspectiva de "limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, que implica que los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, lo cual supone garantizar los derechos sociales y permitir el acceso de todos a los servicios públicos", sostienen.

Para el colectivo, "si el problema se encuentra, según parece, en que la Generalitat no cuenta con suficientes partidas económicas para afrontar la gestión en materia de justicia, la solución debe radicar en otro tipo de ordenación presupuestaria que haga frente a las necesidades reales". "Y ello supone, entre otras cosas, la conveniencia de reducir gastos públicos superfluos sin relevancia social", subrayan.

Por otro lado, Jueces para la Democracia expresa su "disconformidad" con las propuestas de devolución al Gobierno central de las competencias autonómicas, que resultan contrarias a nuestros principios constitucionales. "La solución a estos problemas no se encuentra en la supresión de las competencias autonómicas, sino en una gestión más diligente y eficaz de la Generalitat Valenciana", sentencian.