El TC admite a trámite el recurso a la Ley vasca contra el fracking y suspende los preceptos impugnados

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Erkoreka ha dado a conocer esta decisión después de que este mismo martes el Ejecutivo autónomo haya recibido la notificación por parte del Alto Tribunal.

La Ley del País Vasco 6/2015, de 30 de junio, faculta a las Administraciones Públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos.

El grueso de la norma, aprobada el 30 de junio de 2015, salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSE-EE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

En concreto, el TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental del Parlamento vasco, conocida como Ley relativa al fracking.

Según ha apuntado, los preceptos impugnados son un inciso del artículo 2 y otro del 6, además de los números 3 y 5, y las Disposiciones transitorias 1 y 2.

Además, Erkoreka ha señalado que el presidente del Gobierno ha invocado el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, el TC ha acordado la suspensión automática de los precepctos impugnados, que tiene efecto a partir de 11 de abril para las partes del proceso -las dos adminsitraciones implicadadas- y para terceros a partir de la publicación en el Boletín oficial del Estado.

Ha explicado que, por esta causa, los preceptos impugndos no entrarán en vigor hasta que no se pronuncie el TC, y ha añadido que el Gobierno vasco solicitará, "cuando sea posible" el levantamiento de esa suspensión. En este sentido, ha recordado que, si no hay un pronunciamiento del TC, a los cinco meses se puede reconsiderar la suspensión.

Por último, preguntado por las consecuencias de la suspensión en las actuaciones del Gobierno vasco, ha precisado que todavía no han tenido tiempo de hacer un análisis.