El TSXG recibirá medio centenar de recursos por la valoración de terrenos expropiados por Fomento para el AVE en Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en su sala tercera, recibirá en dos meses medio centenar de recursos procedentes de la provincia de Ourense, contra el justiprecio fijado para los terrenos expropiados por el Ministerio de Fomento para construir el trazado del AVE.

Los recursos ante el TSXG son el último paso en el proceso iniciado en 2011 por el Ministerio de Fomento, según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, con el "levantamiento de actas previas a la ocupación" de los terrenos por los que pasa el trazado, según la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Las discrepancias que motivan los recursos son, en su mayor parte, por la valoración de los castaños centenarios afectados y la de terrenos de cultivo en zona de regadío.

Según la documentación a la que tuvo acceso Europa Press, en las zonas de cultivo de castaña, algunas con árboles centenarios en plena producción, el peritaje de la Administración detalló los costes anuales e ingresos "por venta de madera" hasta el año 100 de cada árbol, y obtuvo una valoración global de 1,52 euros por metro cuadrado de suelo afectado, incluyendo en ese precio un alza por la edad de los "soutos" (castañares) y su conservación.

En las "hojas de aprecio", el Ministerio de Fomento fija un justiprecio en el que suma la valoración del terreno expropiado y un 5 por ciento denominado "premio de afección" sobre el valor de la propiedad expropiada "y no sobre la indemnización a la que tendría derecho por daños y perjuicios causados a los bienes no expropiados", según los escritos de peritaje.

Los propietarios que alegaron contra ese criterio, sí consideran que debe valorarse la "depreciación del terreno no afectado", pues para ellos "es evidente" que la expropiación de una parte de la propiedad "implica una pérdida de rendimiento de los trabajos y costes de equipos y maquinaria, además de nuevos accesos, y deben incluirse en el justiprecio final", según los escritos de alegación.

SÓLO EL SUELO

Los propietarios de "soutos" alegan contra la valoración realizada del suelo y de la producción de madera y argumentan que en el caso de los castaños, el aprovechamiento de la madera no es habitual sino "extraordinario, sólo por cortas debidas a motivos fitosanitarios y para obtener una densidad adecuada en la producción de castañas". El uso de los "soutos" es la producción de castañas como fruto de calidad, amparada por la Indicación Xeográfica Protexida "Castaña de Galicia", siguiendo la tradición de la zona.

En el caso de los robledales expropiados, los propietarios alegan que la valoración de la Administración arroja "resultados tan absurdos como dar el mismo valor para un terreno sin robles adultos en la actualidad que otro con árboles de medio metro de diámetro", y también señalan que ese criterio lleva a que un terreno con castaños de menos de 15 años "valga lo mismo que otro con castaños en plena producción de frutos y de más de cien años, o que otro que hoy no tiene castaños pero sí potencial para ellos". Según los escritos de alegación, la conclusión sería que "el valor del arbolado es cero".

En ese sentido, el Jurado provincial de Expropiación Forzosa, determinó tras las primeras alegaciones, que el valor del terreno con castaños es de 5,06 euros por metro cuadrado, al que se suma el 5 por ciento de Premio de Afección (frente al 1,52 del primer peritaje) y le añade un 20 por ciento de "indemnización por depreciación del resto de la finca", tal como reclamaron los propietarios.

AUTOVÍA MÁS CARA QUE AVE

El justiprecio determinado por el Jurado provincial de Expropiaciones Forzosas de Ourense, recibió nuevas alegaciones a finales de 2013, basadas en la infravaloración del arbolado, en concreto, de ejemplares que tienen "pies de dimensiones espectaculares" y que, en consecuencia, tienen un gran vuelo y gran capacidad productiva, de hasta 150 kilogramos de castañas por año, según estadísticas del Ministerio de Agricultura y de la Xunta de Galicia, recogidas en los escritos de alegaciones.

Además, los propietarios afectados por las obras del AVE entienden que el justiprecio final, aún con la mejora sobre el peritaje inicial, es "notablemente" inferior al fijado por el mismo Jurado provincial de Expropiación Forzosa para fincas y terrenos "de similares o prácticamente idénticas características y situación" en otras expropiaciones anteriores para otras infraestructuras, y sin "justificación ni criterio técnico que lo avale".

Así, según fuentes jurídicas, en algunos casos, terrenos de la zona de A Gudiña, con la autovía A-52 muy próxima al trazado del AVE, tienen ahora casi un 50 por ciento del valor que tenían cuando se construyó la autovía Vigo-Madrid, y lo mismo ocurre en comparación a terrenos expropiados para subestaciones eléctricas en la misma zona.

SECANO MÁS CARO QUE REGADÍO

Entre los propietarios de tierras en el trazado del AVE, se encuentran los de las 500 parcelas y terrenos afectados por las obras entre la frontera de Ourense con Zamora y el municipio de Taboadela, diez kilómetros antes de la ciudad. Según fuentes jurídicas, tras la resolución de los primeros recursos a cargo del propio Jurado provincial de Expropiaciones, muy pocos podrán acudir al TSXG para seguir su reclamación, pues el coste del procedimiento contencioso hace que la vía judicial no les compense.

Así, sólo los propietarios de las fincas de mayor tamaño acudirán a esa vía y se prevé que en las próximas semanas lo hagan hasta medio centenar. Entre ellos, propietarios de praderas de regadío que según el baremo del Jurado de Expropiaciones, tienen menos valor que otras de secano.

En ese sentido, los peritajes a los que tuvo acceso Europa Press, fijan el justiprecio por zonas de prado, muchas con regadío tradicional, en 3,65 euros por metro cuadrado, mientras que el de otras de secano se fija en 3,77 euros por metro cuadrado, considerado "ilógico" por los propietarios que alegan en ese sentido.

Desde el comienzo del procedimiento de expropiación, hace casi tres años, ni siquiera los propietarios que llegaron a un acuerdo desde el principio, comenzaron a cobrar.