Tensa calma en la cárcel chilena donde murieron 81 presos, tras un intento de motín

La policía redobló su contingente para controlar el acceso de las personas que acuden al penal, situado en la zona sur de la capital chilena, para visitar a sus allegados.

Personal de Fuerzas Especiales de Carabineros (policía militarizada) instaló un cerco de seguridad en la entrada de la cárcel y controla minuciosamente el ingreso de familiares en el recinto.

Unos instantes de tensión se registraron en las afueras del penal al paso del cortejo fúnebre de uno de los reos fallecidos en el incendio del miércoles.

Algunas personas que acompañaban la ceremonia realizaron disparos al aire y ocasionaron desperfectos en un automóvil estacionado en las calles aledañas a la cárcel, aunque los incidentes no pasaron a mayores.

Los gendarmes de la cárcel San Miguel permanecen en alerta debido a los disturbios y al intento de motín que se registraron la noche del viernes en el penal.

El origen de los incidentes fue el traslado de 35 reclusos de alta peligrosidad a la cárcel de alta seguridad de Rancagua, a 86 kilómetros al sur de la capital.

Los 300 reos de la torre 3 de la cárcel de San Miguel fueron llevados al gimnasio del recinto para permitir el traslado a Rancagua de los 35 seleccionados, instante que fue aprovechado por algunos reclusos para romper una reja que daba acceso a una salida por el techo.

En el incidente algunos presos prendieron antorchas improvisadas y se produjeron amagos de incendio en distintos puntos del penal, aunque la situación fue controlada por los gendarmes.

El diario "El Mercurio" informa hoy que las 88 cárceles del país se encuentran en estado de alerta máxima tras la agitada situación de los últimos días.

Según la versión del diario, la alerta fue ordenada por el director de Gendarmería, Luis Masferrer, ante la sospecha de que los reclusos planean acciones coordinadas en protesta por la muerte de 81 presos en el penal de San Miguel.

El objetivo de la acción es reforzar las medidas de seguridad, con un aumento de las rondas y de la vigilancia con cámaras de vídeo.

Además, el plan contempla solicitar apoyo a Carabineros, cuyos funcionarios, si fuera necesario, podrían ingresar a las cárceles.

Por otra parte, el Servicio Médico Legal (SML) sigue con los trabajos para identificar los restos de los fallecidos en el incendio.

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, indicó que ya han sido identificados 57 de los 81 reos fallecidos, y agregó que las labores, que se realizan con pruebas genéticas, podrían finalizar en los "próximos días".

El director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, dijo que los exámenes genéticos avanzan a buen ritmo y aseguró a las familias de los fallecidos que les entregarán los resultados de las pruebas lo antes posible.

Algunos familiares, sin embargo, se quejaron hoy por la lentitud en la identificación de sus allegados y solicitaron a las autoridades mayor premura en las pericias.

"Estamos sufriendo. Ya no hay lágrimas, ya no hay consuelo", dijo a Radio Cooperativa la tía de un reo fallecido.

"Le pido a las autoridades si pueden acelerar el proceso porque estamos sufriendo, queremos tener a nuestros seres queridos y enterrarlos", agregó.

En tanto, el abogado Carlos Quezada, representante de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, anunció hoy que el próximo lunes presentará una demanda a nombre de las familias de diez reclusos que perdieron la vida en la cárcel de San Miguel contra quienes resulten responsables por su muerte.