El Tercer Sector pide a los partidos una reforma de la constitución que lo reconozca como interlocutor social

Esta solicitud se ha producido durante el 'Cara a Cara Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo', moderado por el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, Manuel Campo Vidal, y organizado, en la Fundación ONCE en Madrid, por la Plataforma del Tercer Sector y Sociedad Civil por el Debate. En las jornadas han participado también representantes de las principales fuerzas políticas.

A ellas se ha dirigido el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, para defender que sin una reforma de la Constitución la actividad del sector es más difícil, como lo es "todo lo que no es derecho fundamental". Del mismo modo, ha apuntado que sin reconocimiento "no se puede entablar comunicación" y la intención del Tercer Sector es que "cualquier ONG pueda intervenir en política como un agente más" porque, sino, "habrá una parte que se quede fuera de la política", ha señalado.

En respuesta, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, María Luisa Carcedo, el portavoz de Sanidad en el Congreso de Ciudadanos, Francisco Igea y el diputado en la Asamblea de Madrid de Podemos, Pablo Padilla, se han mostrado conformes en llevar a cabo la reforma, así como el desarrollo de la Ley del Tercer Sector.

Mientras, el secretario de Participación Social del PP, Gonzalo Robles, ha defendido la necesidad de sostener el sistema y se ha mostrado de acuerdo en que hay que "buscar fórmulas" para garantizar los servicios sociales, aunque ha apuntado que habría que estudiar primero qué tipo de Constitución se quiere.

Para Igea en España se "legisla mucho y se evalúa muy poco" y ha defendido la necesidad de realizar más evaluaciones sobre las leyes que se aprueban en los periodos posteriores a su puesta en marcha "para conocer cómo ha ido la medida y si hay posibles mejoras". Del mismo modo, Carcedo, ha apuntado que la última legislatura ha sido la que menos evaluaciones ha llevado a cabo y ha pedido la institucionalización de esta práctica.

A estas acusaciones, Robles ha señalado que los "planes son mejorables" y que se ha evaluado lo que se ha podido, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) estaba "desbordada". Aún así, ha apuntado que si se puede evaluar es porque se ha legislado, como las normas que, según ha recordado, se han puesto en marcha durante el mandato 'popular', como la Ley del Tercer Sector, del Voluntariado o el Plan de Integración Social.

EMPLEO DIGNO Y PACTO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Por otra parte, el presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Carlos Sosías, ha calificado el empleo como "la primera estrategia de inclusión social" pero ha advertido que esta teoría sólo funciona si "el empleo y el salario son dignos". "Si no se parece más a algo que se abolió en el S.XVIII", ha advertido.

También ha hecho hincapié en el papel que las formaciones españolas quieren tener en Europa con respecto al trato que se le está dando, tanto a los emigrantes por situación económica, como a los refugiados por cuestiones ideológicas.

La presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Concha Díaz, ha añadido a las peticiones la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia machista, un problema que, a su juicio, está saliendo del ámbito privado para obtener un carácter público y por eso pide una mayor implicación y políticas para el corto, medio y largo plazo.

De acuerdo con este Pacto de Estado se ha mostrado el portavoz de Podemos, quien ha resaltado que este problema no se puede solucionar "sólo a través de las denuncias de mujeres" y que es necesario que se impliquen Educación, Sanidad "y los hombres".

Igea también ha abogado por un pacto, aunque ha recordado que para dialogar "lo primero que tiene que pasar es que se esté dispuesto". A su juicio, para llegar a acuerdos en política "hay que eliminar la soberbia". "Hay que responder con el ejemplo. La sociedad tiene que ver en los políticos el mismo esfuerzo que han hecho ellos para ayudar en esta crisis. Es difícil legislar cuando no se tiene autoridad moral", ha insistido.

FINANCIACIÓN DEL SECTOR

Finalmente, los representantes del Tercer Sector han recordado a los políticos la necesidad del reparto estatal del 0,7 por ciento del IRPF. Rodríguez ha recordado el recurso interpuesto por el Tercer Sector en Cataluña, tras una convocatoria de ayudas que sólo se repartirán entre entidades de carácter regional, para señalar que si hay que esperar "a ganar recursos, el sector desaparecerá".

Robles ha apostado por la necesidad de organismos de ámbito nacional y ha recordado que la ley creó una mesa de trabajo. Para la portavoz del PSOE, el problema de lo que está ocurriendo con el 0,7 por ciento es de "interpretación". En este sentido, ha insistido en que la reforma constitucional podría dar también "estabilidad" al sector.