El Tercer Sector ve un "acierto" la creación de una "X Solidaria" para las empresas

Esta es una de las novedades que anunció este martes 3 de abril el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y, según precisa el Tercer Sector, "contribuirá al fomento y mejora de actuaciones a favor de la inclusión social".

Se trata de un mecanismo similar al que opera actualmente en el caso del IRPF para los contribuyentes, con lo que en total, según los cálculos de Hacienda, las empresas podrán destinar unos 210 millones de euros, teniendo en cuenta que la cuota íntegra en 2015, última disponible, ascendió a 30.609 millones de euros.

Tanto el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández Moya, como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicaron que actualmente, y según una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, el 0,7 por ciento que destinan los contribuyentes a fines sociales a través del IRPF sirve para financiar a entidades sociales que operan en determinadas comunidades, y la intención del Gobierno es que el 0,7 por ciento del Impuesto sobre Sociedades, al ser un tributo estatal, se pueda destinar a entidades sociales de ámbito estatal, sin estar adscritas a ninguna región o provincia concreta.

"El compromiso del Gobierno es asegurar el funcionamiento de las ONG's que hacen una función esencial en España en todo el ámbito del Estado para que puedan realizar su actividad y no tengan que ser identificadas con una región o una provincia concreta", subrayó Montoro.

La medida es "una propuesta de la propia Plataforma del Tercer Sector", según informa la PTS en un comunicado, avalada por sus órganos de gobierno y con amplio consenso entre las entidades miembro, que forma parte de un documento sobre medidas de financiación presentado al Gobierno y formaciones políticas para garantizar la sostenibilidad del sector, en momentos de "incertidumbre y cambios" en el modelo de gestión del 0,7 por ciento del IRPF.

En este sentido, desde la Plataforma han ofrecido su apoyo al Gobierno para seguir trabajando la medida, fomentar el consenso y tratar de hacerla efectiva en el menor tiempo posible.

Para la Plataforma del Tercer Sector, esta nueva medida supone "un avance y un ejercicio de democracia fiscal" al que podrán sumarse las empresas eligiendo, "voluntariamente y sin costes añadidos para estas", el apoyo a proyectos de impulso para el sector e incidencia en la mejora de las políticas de inclusión.

Hasta este momento, eran sólo las personas físicas las que podían, a través de su Declaración de la Renta, marcar la casilla 106 y ayudar a más de 7 millones de personas a través de proyectos sociales.

Si bien, la Plataforma advierte de que esta medida no se aplicaría de forma inmediata y que necesita de "un periodo de conocimiento y concienciación que puede demorar su efectividad en el tiempo".

Por ello, insta al Gobierno a acompañar la medida con "otras iniciativas que tengan un efecto inmediato" y recuerda la necesidad de aprobar el Programa de Impulso a las entidades, previsto en la Ley del Tercer Sector, que fue aprobada en 2015. A su juicio, esta sería una forma de seguir aportando "soluciones viables" a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que existen en la sociedad.