Teresa López, presidenta del Comité de Bioética, sobre la gestación subrogada: "Hay que ir a una prohibición universal"

"Como en España no se puede realizar esta práctica, los españoles salen al extranjero para realizar esa subrogación. Como eso genera muchas dificultades, para intentar salvar el interés menor, proponemos ir hacia una prohibición universal de la maternidad subrogada. Sabemos que no es fácil, no es inmediato pero para solucionar este problema habría que ir a eso", ha explicado López en declaraciones a Europa Press, después de hacerse público este viernes 18 de mayo el informe del Comité sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada'.

En este sentido, López considera que "la reforma de la ley debería orientarse a lograr que la nulidad de esos contratos también se aplique a los que están celebrados fuera de España". En esta línea, también mencionan en el informe la posibilidad de sancionar a las agencias que se dedican a esta actividad, "para aplicar mejor esta realidad legal que hay en España". Si bien, precisa que la responsabilidad de modificar las normas no les corresponde a ellos sino a los responsables políticos.

UNANIMIDAD TRAS OCHO MESES DE TRABAJO

Tras ocho meses de trabajo, los miembros del Comité han aprobado "por unanimidad" este informe sobre gestación subrogada, con un voto particular. Así, aunque López reconoce que no ha sido fácil ponerse de acuerdo, todos coincidían en que había "razones muy fuertes para rechazar" esta práctica.

Si bien, ha reconocido que la principal dificultad ha sido la cuestión sobre los niños que ya han nacido por gestación subrogada. "Nos inclinamos en ese caso por garantizar que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia", ha precisado.

Sobre las razones que más han pesado para que recomienden la prohibición de la gestación subrogada, López ha apuntado la "explotación de la mujer" y el "daño al interés superior del menor". "Lo que se hace es comprar, convertir al menor en un objeto que puede ser comprado", ha enfatizado.

El Comité ya ha remitido el informe a los Ministerios de Sanidad y Justicia y esperan que pueda contribuir a "mejorar el debate público" sobre esta cuestión, a "discutir y trabajar políticas públicas con conocimientos sólidos" y desean que llegue también a los profesionales del ámbito sanitario, a los juristas y a la sociedad en general.