La UE quiere impulsar la "energía oceánica" para que sea una fuente "sostenible y asequible" para Europa

Bruselas cree que la energía obtenida de los mares podría contribuir a "equilibrar" la producción de otras renovables, como la eólica y la solar, de modo que se pudiera "garantizar un suministro eléctrico total y estable".

La comisaria de Pesca y Asuntos Marítimos, Maria Damanaki, ha explicado en una rueda de prensa las bases de la propuesta que tiene por objetivo crear un "foro de energía oceánica" --con industria, administración pública e investigadores-- que explore la situación y ofrezca de aquí a 2016 una 'hoja de ruta' precisa de apoyo.

Según las cuentas del Ejecutivo comunitario, este nuevo sector podría crear hasta 40.000 empleos de aquí a 2035 y tiene el "potencial teórico" de cubrir el 78 % de la demanda energética de la Unión Europea en 2030.

Sin embargo, frente al potencial como creador de empleo, el Ejecutivo comunitario admite que el coste de producción en este sector es "muy, muy elevado" y es necesario desarrollar nuevas tecnologías que permitan reducirlo. "Si logramos trasladar la tecnología a proyectos comerciales, los costes se reducirán. La venta de electricidad tiene que compensar el desarrollo de esta tecnología", ha explicado Damanaki.

Por su parte, el comisario de Energía, Ghünter Oettinger, ha destacado que este tipo esta fuente permite producir energía de "manera continua", a diferencia de la eólica o la solar, y también que puede ser desconectada.

Así, Bruselas ha recalcado su apoyo a esta energía pero ha dejado claro que la Unión Europea no puede ser la fuente principal de financiación para su desarrollo y que su aportación se concentrará en apoyar el "lanzamiento" de proyectos innovadores seleccionados.

Entre las principales dificultades para el sector, sobre las que deberá reflexionar el foro que se va a crear, la Comisión señala los costes tecnológicos porque son "elevados" y el acceso a la financiación es "difícil".

También existen obstáculos de infraestructura, como problemas de conexión a la red o de acceso a instalaciones portuarias adecuadas y a buques especializados, y problemas administrativos por la complejidad de los procesos de autorización y licencia, según la Comisión.