La UE incluye el protocolo de Interior sobre delitos de odio como caso de "buenas prácticas"

La Estrategia integral de España contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia fijaba como objetivo la recogida de información estadística sobre este tipo de incidentes lo que condujo al desarrollo de protocolos de actuación policial para hacer frente a incidentes racistas. En la elaboración de dichos protocolos se contó con la participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la contribución de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de apoyo a las víctimas y la defensa de los derechos humanos.

Según entiende la Agencia de Derechos Fundamentales, la colaboración entre las instituciones y los distintos agentes "condujeron a una cadena de acciones que mejoraron significativamente la notificación y registro de los delitos de odio en España". Asimismo, el análisis de los datos estadísticos de criminalidad por delitos de odio recoge un aumento de las acciones llevadas a cabo contra los incidentes racistas y discriminatorios. Asimismo, se considera extrapolables a otros estados miembros de la UE los indicadores para ayudan a identificar este tipo de incidentes racistas.

El primer Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los delitos de odios se puso en marcha a finales de 2014 para dotar de una herramienta de homogenización e identificación del procedimiento policial en este tipo de hechos delictivos. Dentro de las acciones ejecutadas se procedió a la adaptación del sistema estadístico de criminalidad, el establecimiento de una red de mediadores sociales en las fuerzas policiales y el protocolo de actuación para los agentes.

El protocolo contiene un índice de comportamiento de delitos de odio, indicadores para identificar incidentes de odio que se deben recoger en los atestados policiales y que permitan otorgar a los jueces y fiscales elementos necesarios para describir el incidente, presentar cargos y procesar a los autores, orientación sobre protección a las víctimas, directrices sobre delitos de odio en Internet y la adopción de medidas en caso de violencia en el deporte.