Unidos Podemos pide asegurar por ley que familias de bebés robados accedan a archivos públicos y eclesiásticos

Unidos Podemos quiere garantizar el acceso a archivos públicos y eclesiásticos a las familias afectadas por desapariciones y, más concretamente, a los casos de bebés robados. Así lo recoge en sus enmiendas a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que se encuentra en tramitación en el Congreso.

En concreto, el grupo confederal propone que las solicitudes de acceso "en relación a personas desaparecidas deberán estar debidamente motivadas, sin que por parte de los archivos públicos o eclesiásticos pueda existir más oposición a dicha demanda que las causas recogidas en la ley ni alegar silencio administrativo".

Esta es una de la treintena de enmiendas que los portavoces del grupo en esta materia, el diputado de IU Ricardo Sixto, y la diputada de Podemos Sara Carreño, han registrado para modificar este texto, una transposición de la normativa europea sobre Protección de Datos.

Entre sus propuestas, los morados plantean que el denominado derecho de supresión de datos de carácter personal en cualquier registro sea aplicable, igualmente, a los datos facilitados por los interesados a las confesiones o congregaciones de carácter religioso, tal y como se establece en el Reglamento de la UE. "Es un avance que este derecho quede explícitamente recogido en la ley", apunta la formación.

Además, se incluye una nueva disposición adicional que obliga al Gobierno a que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley orgánica "remita a las Cortes un proyecto de ley de privacidad del menor en el que establecerá condiciones, limitaciones e información de los menores de 16 años en espacios digitales y de cualquier otro ámbito en los que estos menores se desenvuelvan y puedan incorporar datos sobre su identidad y desarrollo personal".

PROTECCIÓN DE MENORES EN LA RED

Los firmantes de la propuesta justifican esta necesidad en la "especial consideración que debe tenerse hacia el uso que puede darse de los datos que un menor pudiera dejar en aquellos ámbitos de la vida en los que se están desarrollando" y, en especial, "en los accesos o sitios web o redes sociales, lo que hace necesaria una regulación especial".

En este sentido, señalan que la futura ley debe prestar especial atención a "los sitios web que están dirigidas a niños menores de 16 años o de aquellos de los que se tenga conocimiento de que estos menores están visitando".

"Como mínimo, se debería requerir que estos sitios web publiquen las políticas de privacidad, que deberían detallar si la información personal está siendo recopilada, cómo la información está siendo utilizada y la prácticas de divulgación del operador del sitio", explica el grupo confederal.

Otra cuestión que destaca la formación, incluida en varias de las enmiendas, es todo lo que tiene que ver con el sistema de información crediticia, es decir, el tratamiento de datos personales relativos las conocidas como listas de morosos. En este sentido, se reclama una modificación que no se pueda incorporar a estas listas de información "deudas en que la cuantía del principal sea inferior a 300 euros". En el texto que propone el Gobierno las deudas mínimas son de 50 euros.

CONSENTIMIENTO PARA ENTRAR EN LA LISTA MOROSOS

Unidos Podemos justifica este cambio destacando la "trascendencia que este tipo de pequeñas deudas suele tener en la vida de las personas" y que, en muchos casos, "pueden imposibilitar el acceso a servicios básicos", aún cuando estas deudas "pudieran tener su origen en terceras personas".

Junto a ello, y sobre este mismo tema, Sixto y Carreño plantean que sea la persona deudora quien "manifieste su consentimiento" antes de ser incluida en estas listas informativa.

Además, "todas las deudas anotadas en los sistemas comunes de información crediticia deberán especificar los distintos conceptos de la deuda, con el oportuno desglose, de tal forma que quede diferenciado el incumplimiento del pago de la obligación principal del resto de conceptos adeudados en base a intereses u otros gastos y penalizaciones", apunta Unidos Podemos.

El grupo confederal señala que en las enmiendas planteadas también se pide que, "cuando una entidad financiera o crediticia, o de cualquier otra índole, distinta de la que haya suministrado los datos del deudor al sistema común de información crediticia, consultase los datos de una persona deberá comunicar al afectado la consulta efectuada, quedando en todo caso anotada la consulta en el registro del sistema común de información crediticia".