La Universidad Complutense de Madrid denuncia un recorte de 67 millones y duda poder desempeñar sus funciones esenciales

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Carrillo, ha denunciado este miércoles que el Gobierno regional les va a recortar 67 millones de euros para este año, por lo que duda de poder desempeñar sus funciones esenciales como servicio público en educación superior.

En un comunicado, Carrillo ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comunicado a las seis universidades públicas madrileñas el alcance de los recortes presupuestarios que quiere desarrollar durante el presente ejercicio de 2012.

Concretamente, la Universidad Complutense de Madrid se vería afectada por una rebaja en las dotaciones que le transfiere la Comunidad de 67 millones de euros, de los cuales 44 millones incidirían directamente en el actual presupuesto de 2012, ha señalado el rector.

Según Carrillo, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid pretende justificar los mencionados recortes en la aplicación de recientes normativas de ámbito regional, como la Ley 6/2011 (que amplía la jornada laboral a 37 horas y media), y de ámbito nacional, como el Real Decreto-Ley 14/2012 con las nuevas tasas universitarias.

Y es que ha indicado que el Gobierno regional estima que la ampliación en la Universidad Complutense de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que establece la Ley 6/2011 supondrá un ahorro de 8,90 millones de euros y que la aplicación de las nuevas cargas docentes contempladas en el Real Decreto-Ley 14/2012 proporcionarán otro ahorro de 8,94 millones de euros.

Paralelamente, el Gobierno regional pretende sustentar los citados recortes a las universidades públicas de Madrid en la subida de tasas que recoge el Real Decreto-Ley 14/2012. Los cálculos del ejecutivo madrileño prevén un incremento de ingresos para la UCM de 49,22 millones de euros con la aplicación de las nuevas tasas.

RECHAZO A LOS RECORTES

Ante estas medidas, el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid ha manifestado su "profunda preocupación y su total desacuerdo" con las mismas al entender que "no hay margen razonable para aplicar dichos recortes ni es previsible el aumento de ingresos provenientes de las nuevas tasas que plantea el Gobierno regional".

Además, asegura que "sería profundamente injusto hacer recaer el recorte en la financiación sobre los estudiantes y sus familias". Desde el Rectorado se considera "de especial gravedad" que una de las medidas que se pretenden adoptar para la contención del gasto público de las Administraciones Públicas sea la rebaja en la financiación de la educación superior, "cuando la misma se encuentra hoy muy alejada de la media europea y es, a todas luces, insuficiente".

Según Carrillo, la Universidad Complutense ha hecho "grandes esfuerzos" para afrontar sus problemas económico-financieros con el objetivo de tener un presupuesto equilibrado en 2012. Sin embargo, el camino emprendido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid "hace inútiles todos esos esfuerzos" y les colocan "ante el mayor recorte que ha sufrido nunca la Universidad".

Desde el Rectorado entienden que se está "utilizando la crisis para imponer medidas restrictivas a las universidades públicas, lo que incrementará aún más los graves problemas de desarrollo de nuestro país".

Precisamente, han indicado que "no es casualidad que sean Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España los países que menos han invertido en educación superior e investigación y los que peor están soportando la crisis que afecta a toda la UE mientras que países que han mantenido una fuerte inversión en educación superior, como Francia o Alemania, están en una situación mucho mejor".

De aplicarse finalmente las medidas incorporadas a lo que hoy por hoy es un Proyecto de Ley, Carrillo ha alertado de que la Universidad Complutense "se verá abocada a una asfixia económica que imposibilitará el desempeño de su función esencial de prestación del servicio público de la educación superior".

El Rectorado de la Universidad Complutense ha ratificado su decidida apuesta "por la continuidad de la Universidad Pública, cuyo papel fundamental es colaborar en el desarrollo y bienestar de todo el país" y para ello muestra su disposición a negociar con quien corresponda.