Uno de cada tres médicos expertos en VIH tiene problemas para tratar a sus pacientes inmigrantes irregulares en España

Así se desprende de un estudio llevado a cabo por el Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) para conocer el impacto del Real Decreto impulsado por el Ministerio de Sanidad y el alcance de su aplicación en las diferentes comunidades autónomas españolas.

En líneas generales, y tras recabar la opinión de 97 médicos especialistas de 16 comunidades diferentes (todas menos Murcia) y 25 miembros de 23 ONGs radicadas en 11 regiones, concluyen que la norma ha tenido "un impacto negativo en la práctica asistencial", y ha generado "profundas inequidades" en el territorio nacional.

En relación con la atención y el seguimiento de los pacientes infectados por el VIH en situación irregular, el 37 por ciento de los médicos reconocen en la encuesta que su práctica asistencial se había visto dificultada "siempre o con frecuencia".

Y hasta uno de cada cinco (21%) reconoce que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley --en situación de urgencias, embarazo, menores de edad o por motivos de salud pública-- y el 16,1 por ciento manifestó haber tenido casos de interrupción del seguimiento, del tratamiento o de ambos.

SIN PODER CITAR A SUS PACIENTES

En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los participantes en la encuesta fueron la imposibilidad de citar a los pacientes (34%), la no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), la exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación, o dificultad de acceso por problemas económicos.

Solo el 26 por ciento de los médicos refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a esta población, entre las que apuntaron la necesidad de autorización directa por la Dirección Médica del centro, trámites específicos a partir del servicio de atención al paciente, a través de los trabajadores sociales o servicios sociales de la comunidad autónoma, el acuerdo entre los médicos y otros trabajadores sanitarios para seguir prestando la asistencia médica, o la atención o reingreso por urgencias.

El 71 por ciento de los médicos mostraron asimismo en la encuesta su desacuerdo con la citada reforma, y entre otros motivos argumentaron "razones de tipo ético y humanitario", aunque también se ha resaltado el efecto negativo que tienen estas medidas sobre la salud pública y el gasto sanitario a largo plazo.

En cambio, las opiniones favorables se basaban en argumentos relacionados con la necesidad de regular el turismo sanitario, y en que "hay que contribuir al erario público" para ser beneficiario de prestaciones sanitarias.