La duna de Valdevaqueros (Cádiz) pasará probablemente a dominio público y no se podrá construir

De este modo, el reglamento define conceptos como duna. En base a la nueva definición, una duna sería necesaria para dar estabilidad a la playa al intervenir en el juego de mareas y olas. Con ello, de acuerdo a lo que considera el Ministerio, la duna de Valdevaqueros (en Tarifa, Cádiz) podría quedar incluida en el DPMT.

"Valdevaqueros es una duna enorme y en evolución y tiene interacción con la playa por lo que todo indica que quedará incluida en dominio público", ha defendido el director general de Costas, Pablo Saavedra Saavedra, que ha explicado en un encuentro informativo junto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, las principales novedades del texto, que desarrolla la Ley de Costas.

Además, el reglamento, con 228 artículos y 36 disposiciones, contempla 105 años de plazo máximo efectivo para las viviendas con concesión; 80 para industrias y 60 años para chiringuitos. Según ha explicado el secretario de Estado este reglamento desarrolla la Ley de 1988 y la reforma de 2013, por lo que deroga el reglamento en vigor, que es de 1989.

ARREGLAR EL "ENORME DESORDEN"

El objetivo del Gobierno, según ha manifestado, es reglar el "enorme desorden" que afecta a las 40.000 ocupaciones que existen en el DPMT -terrenos del Estado-- de los que -únicamente están regulados el 10 por ciento.

Así, ha precisado que de éstas, hay aproximadamente 24.000 viviendas con derecho a concesiones compensatorias de esa suerte de expropiación, al pasar a ser el terreno del Estado. Entre otras cifras del "desorden", ha subrayado que se habían iniciado 900 expedientes de concesión, de los que desde 1988 hasta la actualidad se han resuelto 600. "Esto significa que 23.100 expedientes ni se han iniciado. Esto genera inseguridad a quienes tenían una vivienda o una empresa", ha indicado.

El RD afectaría a 100 hoteles en el DPMT y otros 900 en las zonas de servidumbre, a 3.000 chiringuitos en DPMT y a 1.700 empresas y a otras 140.000 viviendas en las zonas contiguas al dominio público.

Con el nuevo reglamento, las instalaciones tendrán que pagar al Estado un canon anual que representa el 8 por ciento del valor catastral. Hasta ahora, el Estado percibe unos 20 millones de euros del 10 por ciento con concesión reconocida por lo que espera "multiplicar" recaudación.

"No se podrá construir nada nuevo ni aumentar la altura o el volumen de las instalaciones, pero los concesionarios podrán transmitir estas concesiones. Además podrán hacer obras y si se trata de mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua se autorizarán con un mecanismo más ágil a través de una declaración responsable. La ley de costas no tiene que petrificar la línea de playa", ha manifestado el secretario de Estado.

Ramos ha defendido que el objetivo del reglamento es la mejora de la protección ambiental, mejorar la seguridad jurídica de los usuarios y regular la actividad económica sostenible en la costa.

Por ello, ha precisado que el RD incluye una cláusula para evitar situaciones como la del hotel El Algarrobico, establece diferencias entre las playas urbanas y naturales, otorgando distintos niveles de protección e introduce por primera vez los efectos del cambio climático sobre el litoral de las 23 provincias costeras de España.