Wert y los rectores debaten sobre el decreto de recortes

Con esta convocatoria el ministerio zanja la polémica generada el pasado 23 de mayo cuando los rectores decidieron dar plantón al titular de Educación en el Consejo ordinario de Universidades convocado para ese día por no incluir el debate sobre el texto normativo. Este encuentro se acabó celebrando una semana más tarde, el viernes 1 de junio, y fue presidido por la secretaria de Estado, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), liderada por la rectora Adelaida de la Calle, ha elaborado un documento con propuestas de mejora, que se va a terminar de perfilar este jueves en una asamblea previa a la reunión con el ministro, según han informado a Europa Press fuentes de este organismo.

La introducción de criterios objetivos para la contabilidad de costes y cobro de las tasas universitarias por parte de las universidades es una de las propuestas planteadas por la presidenta de los rectores el pasado viernes. Si bien indicó que las competencias sobre las tasas corresponde a las comunidades autónomas, también advirtió de que se debería incluir en el decreto algún "criterio de rigor" porque resulta "muy difícil relacionar costes con tasas".

El ministerio no se cierra a los planteamientos de mejora de los rectores, tal y como dijo su titular el pasado miércoles 30 de mayo durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde afirmó que estaba "abierto al diálogo" y aseguró no tener "ningún problema" en introducir en el texto normativo los planteamientos de mejora de los dirigentes universitarios.

Esta postura también la sostuvo la secretaria de Estado tras el Consejo de Universidades del viernes 1, donde aseguró a los medios que en los aspectos del decreto que requieren un desarrollo normativo, el ministerio se compromete a "analizar la conveniencia de las propuestas que los rectores hagan".

Sobre las tasas, insistió en que la nueva horquilla la aplicarán las comunidades --entre el 15% y el 25% del coste real del puesto escolar-- en función de su situación de déficit, aunque reconoció la "dificultad" metodológica de las universidades a la hora de calcular los costes y señaló que éstas han solicitado al ministerio que establezca unas "referencias generales".

Wert insistió este martes durante un acto en Valladolid en ofrecer este jueves un debate "sincero, abierto y honesto" a los rectores para evitar los efectos "no deseados" y las "implicaciones negativas" consideradas por la comunidad universitaria en relación al decreto de recortes.

TITULACIONES, TASAS Y DÉFICIT UNIVERSITARIO

Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril y convalidado el 17 de mayo por el Congreso, establece que el alumno pague en la primera matrícula entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de su puesto escolar en los títulos de grado y Másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión, lo que supone que llegue a pagar hasta 540 euros más al año.

Asimismo, fija que en la segunda matrícula el alumno cubra entre el 30 y el 40 por ciento del coste real; en la tercera entre el 65 y el 75 por ciento; y en la cuarta, entre el 90 y el cien por cien del coste real de las enseñanzas. Para el resto de Másteres, los no habilitantes, la primera matrícula cubrirá entre el 40 y el 50 por ciento y entre el 65 y el 75 por ciento del coste a partir de la segunda.

El decreto plantea adaptar el régimen de dedicación del profesorado universitario según si cumplen sólo con la función docente o investigadora o con ambas. Así, los funcionarios docentes sin sexenio en activo o 'vivo', ampliarán su dedicación máxima docente de 24 a 32 créditos al año; los que mantengan los sexenios vivos --que acrediten estar investigando--, seguirían en la misma situación de dedicación máxima, los 24 créditos anuales.

Asimismo, para aquellos profesores que muestren excelencia en la investigación se especialicen en ésta reducirán su dedicación máxima docente a un máximo de 16 créditos. Esto último se acreditará mediante un sexenio de excelencia que se definirá en desarrollos normativos posteriores.

El texto normativo también incorpora el principio de estabilidad presupuestaria a las universidades con sanciones a aquéllas que lo incumplan y a cargo de las comunidades autónomas.