Los afectados piden que las fiscalías actúen de oficio por el "robo de niños"

Flor Díaz Carrasco, delegada en la zona norte de Anadir, ha hecho esta petición, en una entrevista a Efe, en el momento en el que se ha conocido la decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de rechazar la apertura de una investigación nacional sobre este asunto al entender que no obedecía a un plan sistemático a nivel nacional y mostrarse partidario de que sean las fiscalías provinciales las que analicen caso a caso.

Díaz Carrasco dice que las denuncias de "niños robados" en España proliferan ahora como una "avalancha" detrás de la cual se esconde el drama de miles de padres engañados con la muerte de sus bebés, que eran entregados después a otras familias a cambio de una suculenta cantidad de dinero.

A los padres se les impedía ver el cadáver del menor o se les mostraba a todos el mismo cuerpo ya que, según relata, en una clínica madrileña tenían una "niña congelada" a modo de muestra, mientras que en otro centro gaditano conservaban el cadáver de un varón, cuya fotografía obra ahora en manos de Flor.

De hecho, esta andaluza afincada en Irun (Guipúzcoa) sospecha que podría tener dos hermanos "desaparecidos", nacidos en un hospital de La Línea de La Concepción (Cádiz), uno de los cuales sería su mellizo, según ha constatado en el informe de su propio parto.

Además, en 1967, su madre dio de nuevo a luz en dicha clínica, donde una religiosa le comunicó el fallecimiento del pequeño, un varón de "casi seis kilos", y le impidió ver el cadáver hasta que la abuela paterna del menor se personó en el lugar y exigió vehementemente que le mostraran el cuerpo sin vida de su nieto.

La mujer "se las ingenió para llamar a un fotógrafo" y retratarse junto a aquel bebé muerto, instantánea que conserva Flor y que ha servido ahora -dice- para constatar que el cadáver de la imagen correspondería a un niño de entre 40 y 60 días y que ese mismo cuerpo fue enseñado como propio a "otras tres familias" que, al ver la imagen a través de la televisión, han denunciado también sus casos.

La historia de Flor es similar a la de otras miles de familias en España, cuyos bebés fueron robados por "tramas" en las que podían participar médicos, comadronas, monjas, curas, funcionarios de los registros o trabajadores de cementerios.

Andalucía, Cataluña y Madrid aglutinan, según comenta, la mayoría de los casos de "tráfico de bebés", muchos de los cuales están siendo denunciados ahora por familias que han visto confirmadas sus sospechas al escuchar testimonios demasiado "familiares" o al realizar trámites burocráticos.

Las familias que pagaban por los bebés eran también "engañadas", ya que les aseguraban que la madre del niño había fallecido o que lo daba voluntariamente en adopción, y pagaban suculentas cantidades de dinero, en alguna ocasión "a plazos", comenta.

Algunas de estas madres adoptivas ilegales, conscientes ahora de lo que sucedió, también se han puesto en contacto con esta asociación, que ya ha logrado algún "reencuentro", por ejemplo, en el País Vasco, donde una madre ha conocido a su hijo después de conservar durante décadas su "certificado de defunción".