Más de 5.000 alumnos se quedarán sin plaza en FP en el archipiélago canario

El sindicato EA-Canarias ha denunciado este martes que, continuando con su política de recortes en educación pública, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias va a dejar a más de 5.000 alumnos sin plaza para realizar estudios de Formación Profesional (ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial (PCPI) para el curso 2011/12.

Según un comunicado de EA-Canarias, desde los dos últimos cursos escolares venimos sufriendo el desmantelamiento de la Formación Profesional. Recuerda que la supresión de 152 Ciclos Formativos, que provocó que se quedaran en listas de esperas unos 6.000 alumnos/as en el curso escolar 2009/2010 y unos 10.000 alumnos/as en el curso 2010/2011.

Para el próximo curso escolar ya se prevé que más de 5.000 jóvenes canarios no podrán acceder a un Ciclo Formativo o a un PCPI. Esta situación es más grave, si cabe, en tiempos de crisis, con cifras de paro rondando las 300.000 personas en los que la formación cobra una mayor importancia y ante la imposibilidad de obtener trabajo, se incorporan a la formación reglada.

EA-Canarias denuncia que, además del recorte de plazas ofertadas, la administración ha apostado por un aumento de la enseñanza semipresencial en sustitución del turno de noche en los ciclos formativos, pero la realidad es que se han quedado cientos de personas sin plaza en estas enseñanzas. Con estas medidas, no solo se merma la calidad de estas enseñanzas, eminentemente prácticas, sino que además se reduce la oferta.

En este punto insiste el sindicato en denunciar la situación a la que aboca cada año la Consejería de Educación a los centros educativos públicos de canarias, obligando a los equipos directivos a "mendigar" el mantenimiento de enseñanzas o el aumento de grupos para atender a la demanda social de formación, mientras mantiene o incluso aumenta (como es el caso del Hotel-Escuela de Santa Brígida) el número de plazas en la formación profesional privada-concertada en su empeño de entregar el patrimonio público colectivo a los intereses privados.