Las leyes antitabaco logran reducir en un tercio la carga de enfermedad asociada a su consumo desde el año 2000

El trabajo, liderado por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas Jaime Pinilla, también ha analizado el impacto legislativo contra la conducción temeraria en materia de salud pública.

Para ello utilizó datos del Institute for Health Metrics Evaluation (IHME), que constató como en el año 2000 en España se perdieron 25.000 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por cada 100.000 habitantes, una medida utilizada en economía de la salud como indicador que refleja el tiempo y la calidad de vida relacionada con la salud. Así, perder un AVAD equivale a perder un año de vida en plena salud.

Sin embargo, los datos de 2015 reflejaron que dejaron de perderse unos 1.400 AVAD por cada 100.000 habitantes debido al tabaquismo y la conducción temeraria.

En el caso del tabaquismo, se estimaba que era responsable directo del 14 por ciento de todos los AVAD perdidos en el año 2000, pero 15 años después era responsable del 9,63 por ciento de la carga total de enfermedad en España.

Por enfermedades, en el cambio de milenio era responsable del 43,55 por ciento de los AVAD perdidos por enfermedad respiratoria crónica, un 31,19 por ciento por cáncer y un 19,65 por ciento por enfermedad cardiovascular.

Para medir el impacto de las medidas legislativas abordadas en España en materia de tabaquismo y seguridad vial, el autor utiliza dos indicadores claves: las ventas de tabaco y la mortalidad por accidentes de tráfico.

Y en lo que respecta al tabaco, apunta a una disminución notable del consumo de tabaco entre 2000 y 2015, que no obstante empezó con la entrada en vigor de la Ley 28/2005 que regulaba, entre otras cuestiones, la restricción parcial del consumo de tabaco en lugares públicos cerrados.

Además, el autor matiza que es la entrada en vigor de la Ley 42/2010, de restricción total, la que tiene un impacto más significativo. En concreto, la restricción total del consumo en lugares públicos cerrados (2011) explica el 16,55 por ciento de esta disminución en las ventas, mientras que la regulación parcial del consumo en lugares públicos, junto con otras medidas, cinco años antes explica el 6,81 por ciento del descenso de ventas.

En cuanto a las leyes sobre seguridad vial, se observa una tendencia a la baja sostenida a lo largo de los años, por lo que la sociedad española parece cada vez más sensibilizada con esta causa. Sin embargo, el impacto de la reforma del Código Penal de 2007 es claro ya que explica un 13,34 por ciento de la caída en la mortalidad por accidentes de tráfico en el período analizado.

Además de esta variable, el estudio explica cómo el número de procedimientos tramitados por delitos a la seguridad vial aumentó considerablemente desde los 37.697 procedimientos judiciales de 2006 hasta los 43.926 y 87.755 en 2007 y 2008, estabilizándose en unos 110.000 a partir de 2010. Del mismo modo, tras la reforma de 2007, el número de penas de privación del derecho a conducir vehículos aumentó un 115 por ciento.