Asesora de Juana Rivas ve la condena "un suma y sigue de la violencia institucional"

Granados sostiene que la condena "no sólo va contra las víctimas, sino contra todo su entorno de apoyo", y advierte de que, "de poco servirán las conquistas legales en la lucha contra la violencia de género, si los que tienen que aplicarlas no lo hacen".

Francisca Granados recuerda que, el 9 de junio de 2016, Juana Rivas se dirigió al Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena "para solicitar asistencia y asesoramiento jurídico debido a la situación de malos tratos que venía padeciendo". Además, le comunicó que, "su hasta entonces pareja y padre de sus hijos, la había amenazado en muchas ocasiones con que, si la abandonaba, le quitaría a los niños y arruinaría su vida".

La asesora se pregunta "cómo es posible que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada fuera tan reticente a incorporar el 'tema de la violencia de género' --causa que explica y justifica las actuaciones de Juana Rivas-- en el juicio" seguido contra la madre de Maracena y, sin embargo, "haga afirmaciones tan rotundas en la sentencia sobre la inexistencia de dicha violencia".

Granados lamenta así que "el juez le resta toda credibilidad a la realidad de maltrato denunciada por Juana Rivas, argumentando para ello, entre otras cosas, que no consta que se haya tramitado la denuncia, y ningún juzgado ha declarado la veracidad de los hechos relatados en la misma".

"¿Cómo es posible que la propia inoperancia del sistema judicial, que el incumplimiento flagrante del deber de diligencia por parte de los poderes públicos, sea utilizado en contra de la propia víctima?", se pregunta también la asesora de Maracena.

La condena contra Rivas se dicta después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos; extremo que él siempre ha negado.

El magistrado también ha condenado a esta madre a ser privada de ejercer la patria potestad sobre los niños, de doce y cuatro años, durante un periodo de seis años, en la línea de lo que había solicitado la fiscal del caso, y a indemnizar con 30.000 euros a Arcuri, que ha ejercido la acusación particular en la causa y también solicitó cinco años de prisión para ella.