Un trabajador del CETI de Melilla, acusado de acoso sexual y maltrato a refugiados

Según la información que ha confirmado a Europa Press el Ministerio de Empleo, la primera queja contra el funcionaro público se puso en conocimiento del director del CETI el 5 de octubre de 2015, cuando 78 internos presentaron un escrito denunciando prácticas abusivas de este asistente social.

Constan asimismo dos casos de jóvenes sirios que refirieron haber sufrido tocamientos por parte del asistente social que, a cambio, les ofrecía agilizar los trámites para conseguir la 'tarjeta verde' el documento necesario para que los refugiados residentes en el CETI, donde pueden permanecer durante meses, puedan cruzar a la Península y entrar en el programa estatal de acogida e integración.

El Ministerio de Empleo asegura que se ha actuado con celeridad en este caso y explica que tras abrir un procedimiento interno que se ha saldado con la suspensión de empleo y sueldo del asistente social, se ha dado traslado a la Fiscalía de Melilla "ante la gravedad de los hechos".

En concreto, el departamento que dirige Fátima Báñez explica a Europa Press que después de que el director del CETI recibiese la queja, el 5 de octubre, se dio traslado a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y desde allí a Inspección de Servicios, que abrió una investigación ocho días después.

El 19 de octubre la Secretaría envió dos inspectores a Melilla que se entrevistaron tanto con el asistente social acusado como con los refugiados y migrantes que le señalaban, el resto del personal del centro, su director y miembros de entidades que prestan servicio en estas instalaciones públicas (Cruz Roja, ACNUR y ACCEM) y otros residentes.

Finalizada esta primera fase el 23 de octubre, se analizó la intormación y el 11 de noviembre se decidió incoar expediente sancionador contra ese funcionario acusado de "una infracción muy grave" y otra "de carácter grave", conforme explican fuentes del Ministerio de Empleo.

Los días 26 y 27 de noviembre los dos inspectores volvieron al CETI y de nuevo, se entrevistaron con denunciantes y posibles testigos y el 10 de diciembre dieron traslado del expediente a la Fiscalía de Melilla, que está ahora a cargo de la investigación de los ilícitos penales en que pudiera haber incurrido el asistente social.

El procedimiento administrativo iniciado en el Ministerio de Empleo conlleva en principio la suspensión de empleo y sueldo por seis meses, que es lo que suele durar la tramitación de un expediente sancionador. No obstante, según las mismas fuentes, al estar ahora el caso en manos de la Fiscalía se ha abierto la vía penal por lo que la vía de sanción administrativa queda en suspenso hasta que sea un juez quien se pronuncie.

En cuanto al trabajador, si bien está suspendido, ha vuelto al CETI en al menos una ocasión para recoger su documentación y tener acceso a su expediente a fin de poder ejercer su derecho de recurso. Según las fuentes consultadas en esta instalación, su entrada se ha producido en compañía de otro personal y exclusivamente con estos fines administrativos relacionados con el procedimiento.