La primera asociación constituida de víctimas del accidente de Santiago se persona en la causa como acusación popular

La primera asociación de víctimas del accidente de tren que descarriló en Santiago de Compostela ya constituida se ha personado en la causa como acusación popular. Además, ha mantenido una reunión con responsables del Ministerio de Fomento y la propia ministra, Ana Pastor, en la que trasladaron diversas peticiones referidas a la seguridad en los transportes y, en especial, en los ferroviarios.

Esta entidad, que se denomina Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (Apafas), cuenta con el asesoramiento jurídico del bufete de abogados González Martín & Asociados, cuyo abogado titular, Javier González, ha confirmado a Europa Press que el personamiento en la causa se ha llevado a cabo este martes, tras haberse registrado como tal.

Nace con varias decenas de afectados que se han sumado a esta asociación, según han explicado sus precursores. La entidad ha creado una página web para dar información a las víctimas, aunque todavía no está disponible, y ofrece información en el teléfono 652.444.225, en que está disponible el presidente de la asociación, un jefe militar retirado y víctima del accidente, Cristóbal González.

Precisamente, este afectado por el descarrilamiento del tren en Angrois el 24 de julio ha explicado que él este lunes pasado mantuvo un encuentro con dirigentes de Fomento, incluida la ministra, quien transmitió su "dolor, preocupación y compromiso" con las víctimas, así como escuchó las peticiones que les realizaron.

Entre las reclamaciones de esta asociación se encuentra la creación de un centro de coordinación para atender y hacer un seguimiento a las víctimas y los familiares de los fallecidos.

Además, esta asociación muestra su preocupación porque heridos y familiares han recibido "cartas" con los costes de la asistencia sanitaria, que cubren los distintos seguros (incluida la Seguridad Social). Al respecto, demanda que no se envíe esta información a los afectados del accidente, para lo que ven útil la constitución de este órgano de coordinación.

REVISIÓN DE LA LEY Y SEGURIDAD INTERNA

Otra de las cuestiones que han demandado los afectados es la "revisión" de la ley del seguro obligatorio de viajeros, sin actualizar desde 1989, ya que en esa normativa, tal y como ha explicado el abogado de esta asociación a Europa Press, se recogen indemnizaciones de seis millones de pesetas (36.000 euros).

Además, la entidad de víctimas también aboga por establecer nuevas medidas de seguridad en el interior de los vagones, y que éstas formen parte del arco de seguridad. Se trataría, pues, de reformular el anclaje de los asientos o la colocación y sujeción de los equipajes, entre otros aspectos.

ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS

Formar parte de la asociación no tiene coste alguno, según ha explicado Cristóbal González, por eso van a organizar actividades para lograr recabar fondos para poder financiar los gastos de la asociación.

Por este motivo, el propio Cristóbal González se desplazará en la tercera semana de este mes a Galicia, en la que está previsto realizar eventos para recaudar fondos. En este sentido, ha explicado que algunas entidades están colaborando con esta asociación y está previsto hacer un evento deportivo, pero todavía no se ha concretado.

OTRA ASOCIACIÓN

Por otro lado, un voluntario de la Fundación Avata, Alberto García, ha explicado que han contactado con 90 personas vinculadas directamente con el accidente y tienen previsto celebrar una asamblea este jueves en Madrid con el fin de analizar cómo constituir una asociación de víctimas y familiares "como únicos protagonistas". El próximo martes habrá otra asamblea igual en Santiago y, en ambas, estarán presentes profesionales como letrados, médicos y psicólogos.

La idea de los impulsores de esta asociación es que se constituya formalmente cuanto antes, y si es posible, "la próxima semana". De esta manera, tendría dos delegaciones, una en la capital gallega para los afectados del norte, y otra en Madrid.

El objetivo de esta asociación también es personarse en la causa y proponer a los afectados formular una demanda judicial, a cuyos gastos se haría frente "entre todos" ellos.