Frente al juez por atropellar mortalmente a una adolescente de 15 años y darse a la fuga en Palma
La conductora que dio positiva a alcohol Se le imputan cinco delitos, entre ellos el de homicidio por imprudencia grave y el de conducción temeraria
La muerte de Paula Fornés, de 15 años fue instantánea a causa del impacto "tan violento" del coche que conducía una mujer, ahora en el banquillo de un juzgado de Palma de Mallorca. A esta conductora polaca se le imputan cinco delitos, entre ellos el de homicidio por imprudencia grave y el de conducción temeraria.
El accidente en el que murió atropellada Fornés ocurrió el 24 de junio de 2018 y ahora se juzga a la conductora que dio positivo en las pruebas de alcohol. La joven falleció tras el accidente, sobre las 02.00 horas de la noche del sábado al domingo, el 24 de junio de 2018, la noche de Sant Joan, en Sa Ràpita. Según varios testigos, la conductora huyó tras el suceso. Un joven la persiguió en coche y la retuvo hasta que llegó la Guardia Civil.
El abogado de la familia pide 11 años de cárcel, la Fiscalía solicita cinco años de prisión y la defensa, la libre absolución.
El forense ha explicado que la mayoría de lesiones por arrastre que presentaba el cuerpo fueron sin reacción vital, es decir, que el corazón de la víctima ya no estaba latiendo. La joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, de tal fuerza que "saltó una escama de hueso craneal", lo que implicó la "desconexión automática del cerebro" y la "destrucción de centros vitales". La pérdida de conciencia fue inmediata.
Por ello, el experto ha apuntado que "en absoluto" ninguna maniobra de reanimación hubiese servido para salvar la vida a la menor.
La defensa argumenta que la conductora no habla español
Los agentes de la Policía Local de Campos que intervinieron la noche del accidente han mantenido que la acusada entendía y se expresaba en español sin ninguna dificultad. Algunos de ellos han reconocido que solicitó un intérprete en una ocasión, pero que no lo llamaron, porque la mujer hablaba en castellano y ella no lo volvió a pedir.
El agente que le leyó sus derechos ha asegurado que se le informó de la primera prueba de etilometría, la de muestreo, y que se le indicó que en caso de dar positivo se le desplazaría a dependencias de la Policía Local y también que tendría derecho a una prueba de contraste.
Este policía ha manifestado que, al margen del resultado de la prueba, la mujer presentaba claros síntomas de embriaguez, como halitosis notoria a distancia, habla pastosa, dificultad para mantener el equilibrio y ojos rojos. "Recuerdo el fuerte olor a alcohol de dentro del coche. Era incapaz de subir sola al furgón, tuvimos que ayudarla a entrar", ha declarado.
Además, el agente ha señalado que cuando se planteó que la Guardia Civil practicase una prueba de drogas, ella se negó mientras "repetía que sólo había consumido alcohol". También admitió que era la conductora del vehículo, y que éste era propiedad de su pareja.
Los policías de la Local de Campos han señalado que cuando vino una abogada de oficio y cuando la detenida fue atendida por el médico, tampoco solicitó intérprete.
Una experta del Centro Español de Metrología que examinó el etilómetro utilizado para practicar la prueba de alcohol antes de que saliera al mercado ha confirmado que el aparato cumple con las exigencias marcadas por la normativa.
La defensa ha renunciado a impugnar la validez del aparato, pero no de la prueba, porque sostiene que no se informó a la detenida de sus derechos, al no facilitarle un intérprete.
La conductora no tenía permiso de conducir
Durante la sesión de este miércoles se ha valorado un documento, que aportó la Guardia Civil, la oficina de la Interpol en Varsovia que informa de que la acusada no tenía permiso de conducir, según los registros de Polonia, avisaba de una irregularidad en el permiso de 1998 que había entregado en el momento de la detención.
La defensa ha planteado inicialmente impugnar la autenticidad de la respuesta de la Interpol, para "sorpresa" de la Fiscalía, que lo ha considerado una temeridad. El abogado de la acusada cuestionaba la validez de la comunicación porque está en un idioma extranjero (inglés) y no aparece firmado.
El juez le ha pedido que lo reconsiderase, advirtiéndole de que si su solicitud no prosperaba tendría que hacerse cargo de las costas, y de que si se apreciaba mala fe, incluso podría enfrentarse a una multa.
La conductora tendrá que responder por un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones por imprudencia grave, un delito por conducir sin carnet, otro de falsedad en documento público y otro de conducción temeraria.