Un barcelonés muere en Suiza por suicidio asistido con la ayuda de sus hijas

Núria, unas de las dos hijas del fallecido, explica hoy en "El Periódico de Catalunya" las circunstancias de esa muerte asistida, ocurrida en el pasado 18 de octubre en una casa situada en un pueblecito entre Basilea y Zúrich.

La hija del anciano, que está asesorada por la asociación Derecho a Morir Dignamente, ha decidido hacer público el caso de su padre para reclamar así los cambios legislativos necesarios para garantizar que se pueda tener derecho a una muerte digna y a un suicidio asistido en España.

El fallecido, Jordi, de profesión interiorista, convocó a sus dos hijas en abril del año pasado y les leyó una carta en las que, tras confesarles que sentía que no le quedaba "más vida", les pedía ayuda para un suicidio asistido.

Desde hacía años, Jordi arrastraba varias dolencias, ya que tenía un sólo pulmón debido a una tuberculosis y padecía crisis respiratorias periódicas, un estado de salud que se agravó a raíz de la muerte de su mujer.

Junto a sus parejas, las dos hijas del anciano lo acompañaron a morir a Suiza, donde tras contactar con Dignitas mantuvieron varias entrevistas con el personal médico de la asociación para confirmar que la decisión de Jordi de acabar con su vida era consciente y no forzada.

La familia permaneció cinco días en Basilea, para someterse a distintas pruebas, y después acompañó a Jordi a la casa donde se le administró un fármaco que acabó con su vida en apenas diez minutos.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe han coincidido en señalar que el suicidio asistido en Suiza no puede ser perseguido penalmente desde los tribunales españoles, por tratarse de un hecho que no constituye delito en la jurisdicción helvética.

Jordi Nieva, profesor de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Barcelona (UB), ha puntualizado que sólo son perseguibles penalmente desde cualquier tribunal del mundo, independientemente de si son delito en el lugar donde se cometieron, los crímenes contra la humanidad, así como otros supuestos legales muy concretos.

De acuerdo con la legislación española, la muerte asistida constituye un delito de auxilio al suicidio, que está castigado con penas de entre dos y cinco años de cárcel.