Un centenar de municipios espera a que el Gobierno les permita seguir en la costa y no ser demolidos con la nueva ley

Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno y dirigida al portavoz de Medio Ambiente del PSOE, José Luis Ábalos, después de que éste cuestionara al Ejecutivo sobre el número de municipios españoles que, acogiéndose al amparo de una disposición de la Ley de Costas, han solicitado poder permanecer en la costa sin ser derruidos y regular su situación de manera definitiva.

De acuerdo con la reforma de la Ley de Costas, los municipios que tengan parte de su suelo en dominio público hidráulico pero que cuando se aprobó la Ley de Costas de 1998 cumplieran ya una serie de requisitos aunque sin estar clasificados como suelo urbano, podrían acogerse a dicha disposición.

Concretamente, los requisitos que deberán cumplir los municipios con planeamiento (en 1988) son que los terrenos que bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación.

También podrán acogerse a esta disposición los municipios sin planeamiento con terrenos que, en julio de 1988, o bien contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie.

Según la reforma de la Ley de Costas, estos municipios disponían de un plazo de tres meses, que expiró el 1 de octubre, para acogerse a esta disposición. Ahora el Gobierno tiene 18 meses para estudiar si estos se ajustan a las características de esta disposición y no tienen por qué ser demolidos. En caso de que en ese plazo el Ministerio no emita un informe favorable, se entenderá que la respuesta a su continuidad es positiva.

LISTA DE MUNICIPIOS

En la citada respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Gobierno precisa que, a fecha de 15 de octubre, son 100 municipios los que han solicitado la aplicación de la disposición transitoria de la ley.

En la provincia de Alicante estarían Denia y Villajoyosa; en Almería, Roquetas de Mar; en Asturias, Ribadesella, Tapia de Casariego y Valdés; en Baleares, San Joan de Lebritja y Santa Eulalia del Riu; en Cádiz, Rota, San Fernando y Barbate; en A Coruña, Ares, Boiro, Camariñás, Carballo, Cedeira, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Miño, Mugardos, Muros, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal y Ribeira.

Mientras, en Gipuzkoa, se han acogido a esta disposición Astigarraga; en Las Palmas, Agaete, Agüimes, Antigua, Arucas, Galdar, Haría, Ingenio, La Oliva, Moya, Pájara, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, San Nicolás de Tolentino, Santa Lucía, Santa María de Guía de Gran Canaria, Teguise, Telde, Tinajo, Tuineje y Yaiza.

En la provincia de Lugo se encontrarían Cervo y Xove; en Málaga, Manilva; en Pontevedra, Baiona, Catoira, Gondomar, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Nigrán, O Rosal, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa y Vilanoba de Arousa; en Cantabria están a la espera, Escalante, Piélagos y Polanco; a su vez, en Tarragona, Vila-seca.

En cuanto a Santa Cruz de Tenerife lo han solicitado Adeje, Arafo, Arico, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, El Rosario, Fasnia, Frontera, Garachico, Guía de Isora, Güimar, Icod de los Vinos, La Laguna, Los Realejos, Los Silos, Matanza de Acentejo, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, Tazacorte, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valverde, Victoria de Acentejo y Villa de Mazo.

Precisamente, en una reciente entrevista a Europa Press, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, aseguró que la modificación de la Ley de Costas "no es una amnistía de nada".

"Niego la mayor. No sé de dónde sale el término amnistía en la Ley de Costas", enfatizó, porque, según agregó, es una ley para que los que tengan una situación concreta puedan ordenarse, pero el que quede fuera y esté en dominio público sin tener título que le habilite, "tendrá que salir" del dominio público y todas las sentencias firmes de demolición tendrán que ejecutarse.

Sobre esta cuestión, trasladó las críticas al principal partido de la oposición, al decir que es "fácil llamarlo amnistía por parte de quien ha tenido responsabilidades de Gobierno y no ha hecho absolutamente nada más que mirar a otro lado" ni quiso corregir esa situación.