Más de 25.000 ciudadanos piden a la Fiscalía del Estado colocar de nuevo la sonda a una enferma de 90 años en coma

Más de 25.000 ciudadanos han solicitado a la Fiscalía General del Estado que actúe para suspender la orden de retirar la sonda a una paciente de 90 años ingresada en el hospital Blanca Paloma de Huelva, Ramona Estévez, que se encuentra en un estado de coma, según ha informado Derecho a Vivir.

En la petición se especifica que la decisión administrativa de retirar la sonda nasogástrica a la paciente "propicia una práctica eutanásica incompatible con el ordenamiento jurídico" y se trata de una orden "arbitraria" que "causará una agonía lenta y cruel por inanición".

En este sentido, la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, ha señalado "si la sonda fuera una forma de mantenerla artificialmente con vida, al retirársela habría muerto de forma inmediata". Sin embargo, ha añadido que "Ramona sobrevive estos días porque su organismo puede sobrevivir".

Por ello, Joya ha afirmado que retirar la alimentación y la hidratación "pone en peligro inminente" la vida de la paciente y ha indicado que se trata de una decisión "contraria a la 'Lex Artis' médica". "Lo que hoy pone en peligro de muerte a esta mujer es la decisión administrativa de negar la alimentación a un paciente a instancias de un hijo mal asesorado. Es la retirada de la sonda nasogástrica lo que le ha provocado ya más de 11 días de agonía", ha subrayado.

Derecho a Vivir presentó en Huelva una querella contra la Consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, en la que se solicitaba al Juzgado que "ordene cautelarmente, ante el riesgo de inminente e irreversible fallecimiento de la paciente, la adopción de medida cautelar consistente en el restablecimiento de la alimentación e hidratación de la paciente por los medios que los servicios médicos estimen convenientes".

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía obligó el pasado miércoles 24 de agosto al personal médico del Hospital Blanca Paloma de Huelva a retirar la sonda nasogástrica que mantenía alimentada a la mujer de 90 años en aplicación de la Ley de Muerte de Digna, después de sufrir el 26 de julio un infarto cerebral.