Más de un centenar de ciudadanos reclama un acuerdo de Estado que proteja los Parques Nacionales de batallas políticas

Así, los firmantes abogan por mantener a los Parques Nacionales en su posición de "referencia máxima de una conservación" de la naturaleza hecha desde el mayor respeto a su singularidad excepcional, a las expresiones culturales y sociales crecidas a su amparo, y a los principios de una gobernanza integradora y plenamente democrática.

Además, apoyan que la Red de Parques Nacionales que ahonde y diversifique su misión de construcción compartida, signo de referencia, garantía de calidad, intercambio de conocimiento, difusión y promoción de sus ideas y valores, relaciones internacionales y cooperación al desarrollo.

Igualmente, insta a los poderes públicos, agentes sociales, políticos, económicos, organizaciones civiles, medios de comunicación, y a la ciudadanía en su conjunto, a conocer, valorar y defender los Parques Nacionales de España; a destacar su singularidad; a construir consensos, alianzas y 'Ecolescenarios' de colaboración para su futuro; y a fomentar el valor de la Red que constituyen, en coherencia con el progreso del Estado al que tan magníficamente representan desde hace un siglo.

El documento expone que, desde su origen histórico en el de Yellowstone (Estados Unidos) en 1872, los Parques Nacionales son un ejemplo de conservación del patrimonio natural, una referencia emocional colectiva, y un símbolo territorial de lo que un estado moderno es capaz de proponer como valor de futuro.

Así, explica que desde entonces, los Parques Nacionales han evolucionado al compás del avance de las sociedades, pero su significado esencial como expresiones de calidad paisajística, salud ecológica, y excelencia científica y técnica ha permanecido invariante.

En cuanto a España, los firmantes suscriben que en la actualidad, en la España de hoy, a la que definen como una "sociedad avanzada en un Estado complejo", la octava parte del territorio abarcada por 1700 espacios formalmente protegidos, al tiempo que defienden que "esa centésima de ellos que son los Parques Nacionales continúa desempeñando un papel insustituible como símbolos y catalizadores del esfuerzo colectivo de conservación de la Naturaleza. Un carácter singular, consolidado a lo largo de cien años, que los hace acreedores del máximo respeto, y de una protección capaz de garantizar su libre evolución natural.

PARQUES NACIONALES, CAPITAL SOCIAL

El texto expone que la gestión de los Parques Nacionales en España es propia de un Estado descentralizado y ha madurado hasta la idea de Red, sin perjuicio de la autonomía de cada uno. En este proceso, según añade, el conjunto ha logrado un "inmenso valor como capital social y cultural compartido y una evidente relevancia política".

En este contexto, denuncia que la reciente aprobación de un Proyecto de Ley de Parques Nacionales que, en lugar de priorizar su conservación facilita las fuerzas que la amenazan y que incluso para el Consejo de Estado presenta múltiples indicios claros de inconstitucionalidad, es un "grave exponente del creciente deterioro" que sufren nuestros mejores espacios naturales.

Por ello, los firmantes consideran que revertir este proceso inaceptable significa recuperar la capacidad de generar instrumentos institucionales, jurídicos y técnicos capaces de acompañar e impulsar a esta realidad singular, sin desvirtuarla con igualaciones a la baja, ni contaminaciones conceptuales de otros ámbitos del uso territorial.

De este modo, subrayan que el futuro próximo demanda unos Parques Nacionales que se integren en sus territorios, contagiándoles la vitalidad ecológica y económica que emana de la buena gestión de su excelencia y la constitución de una red abierta que, "por encima de colores políticos y tamaños administrativos, sea la sede del diálogo, la colaboración y el respeto a la diversidad, sin generar imposición, discordia, ni otra tensión que la propia del debate científico y técnico".

A su juicio, España "puede y debe seguir siendo un referente mundial en este ámbito" en el centenario de la primera Ley de Parques Nacionales de 1916.

Finalmente, el manifiesto propone la puesta en marcha de un proceso participado que, con la base del consenso social, y acogido por el Senado como cámara representante de los valores territoriales de España, conduzca a alcanzar un Acuerdo de Estado entre todas las fuerzas políticas, para la recuperación esencial, sólida, duradera e independiente del símbolo moderno y vigoroso que debe ser la Red de Parques Nacionales.

Entre los firmantes figuran el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza; el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna; varios expresidentes del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN); representantes de ONG ambientales, escritores como Ángeles Caso o Carmen Posadas; el juez Baltasar Garzón; naturalistas y comunicadores; la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales; fundaciones y ciudadanos particulares.