Condenan a un manifestante de las protestas del 1-O a tres años y medio de cárcel: agredió a dos agentes

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al activista Adrián Sas a tres años, seis meses y un día de prisión por una agresión a dos agentes de los Mossos d'Esquadra durante una protesta en 2018 por el primer aniversario del 1-O.

Lo han explicado en un comunicado el grupo de apoyo Sas absolució, Xarxa Baula y Alerta Solidària, después de que el juicio se celebrara el pasado 17 de noviembre con la Generalitat como acusación particular.

Las plataformas sostienen que en el proceso no se respetó el derecho a la presunción de inocencia del acusado, que ha sido condenado con pruebas en las que aseguran que tampoco "se respetó la cadena de custodia".

Han asegurado que la sentencia es política, y "estaba escrita antes del juicio", y han anunciado que la recurrirán. También han convocado una manifestación en protesta por la misma para el próximo lunes 30 de noviembre ante los Juzgados de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Las tres plataformas acusan a al Govern de haber "traicionado" Sas al ser acusación particular en defensa de los agentes implicados: uno de ellos es el inspector de los Mossos y actual jefe de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), Jordi Arasa, condenado por su papel en los desalojos del 15M.

Han sostenido textualmente que ERC y JxCat han humillado al acusado y han mantenido que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha estado "mintiendo y justificando su deslealtad".

Además, han dicho que el posicionamiento del Govern evidencia que la presión de los cuerpos policiales dicta, en sus palabras, las acciones de la Conselleria de Interior, "que es títere de los lobbies de poder de los Mossos d'Esquadra".

La CUP también ha criticado la sentencia en un tuit en el que asegura que "la lucha de Adrián no termina aquí" y en el que culpa a la Generalitat por no haber retirado la acusación.

El diputado de la CUP en el Congreso Albert Botran ha tachado de "especialmente avergonzante" la sentencia y ha acusado al Govern de haberse doblegado ante lo que considera corporativismo policial.

En varios apuntes en Twitter, también han lamentado la condena la ANC, el SEPC y los comuns de Vilafranca del Penedès --su municipio--, que ven la sentencia "indiscutiblemente exagerada".