Los controladores se niegan a declarar y el fiscal general anuncia penas de hasta 8 años

Los doce controladores que han acudido esta mañana al tribunal han asegurado que se replantearán su postura cuando sean citados por el juez que consideran competente, ya que entienden que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.

Así lo ha explicado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, que ha añadido que la Fiscalía les ha aclarado que la jurisdicción ordinaria es la única competente por ahora, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados son los ocurridos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

Esteban ha hecho estas declaraciones en una multitudinaria rueda de prensa, el único momento en que los periodistas han podido acceder al interior del edificio ya que, a diferencia con lo que ocurre habitualmente, se les ha prohibido estar en los pasillos cercanos a la Fiscalía.

También ha dicho que no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra estos controladores -destinados en los centros de control de Torrejón de Ardoz y de Barajas- ya que no se puede actuar con "finalidad coactiva" ante su derecho a no declarar.

Si los seis controladores citados para mañana y los ocho del lunes -la Fiscalía de Madrid tiene previsto investigar a un total de 175- mantienen la misma actitud que sus compañeros, el Ministerio Público seguirá su investigación con la Policía para saber lo que ocurrió.

En el caso de entender que se pudo cometer un delito lo pondría en conocimiento de un Juzgado de Instrucción para que les cite a declarar.

Mientras tanto, Conde-Pumpido, que ha presidido la Junta de Fiscales en Zaragoza, y en la que se ha tratado por vía de urgencia el conflicto de los controladores aéreos y sus repercusiones penales, ha apuntado que se propondrán penas de entre tres y ocho años de cárcel para los controladores que abandonaron su puesto de trabajo por un delito de sedición.

Conde-Pumpido ha recalcado que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo de un país suponen un delito "muy grave".

Además, ha apuntado que los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del pasado sábado -cuando se decretó el estado de alarma- serían enjuiciados por la jurisdicción militar, algo que es "perfectamente constitucional".

Los citados doce controladores, que han llegado cerca de las 08.30 horas de la mañana para esquivar a los periodistas, aunque estaban citados hora y media después, no han querido hablar con los numerosos medios de comunicación apostados en la puerta de la Audiencia madrileña.

Sí lo ha hecho como portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, que ha asegurado que fue AENA quien tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo, pero que el viernes pasado se podía haber seguido volando, aunque "no en las mismas condiciones" que en un día normal.

Cabo ha señalado que los controladores han acudido a la llamada de la Fiscalía para "asumir las responsabilidades" en lo ocurrido, y ha agregado: "hay una corresponsabilidad, asumida por nuestra parte, pero AENA y el Ministerio de Fomento tendrán que asumir la suya".

Precisamente esta mañana, USCA ha presentado dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que establecen el estado de alarma y "la militarización" de los servicios civiles de tránsito aéreo.

USCA ha dicho que sus asesores jurídicos tienen "serias dudas" acerca del procedimiento que ha seguido el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.

Por su parte, la Fiscalía de Alicante ha descartado solicitar que declaren los controladores del aeropuerto de El Altet tras comprobar que cuando se cerró el espacio aéreo todos acudieron a su puesto.