Un ejercicio de memoria da a las víctimas rostro y voz en Colombia

Es tarea del Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que presentó hoy en Bogotá los informes sobre tres matanzas emblemáticas y un despojo continuado de tierras.

Los estudios fueron lanzados en la apertura de la III Semana por la Memoria, cuya agenda está dominada por los casos de Bojayá, Bahía Portete y La Rochela, que dejaron casi un centenar de muertos y el despojo de tierras en la costa norte.

"Son cuatro ejercicios de reconstrucción y análisis (...) a través de los cuales se les da rostro y voz a las víctimas", en definición del coordinador del GMH, el historiador Gonzalo Sánchez.

Todos ellos "dan cuenta de los horrores de la guerra en Colombia", dijo Sánchez, cuya sección nació por mandato de la Ley de Justicia y Paz, creadora de la CNRR.

La normativa fue adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disolvieron en 2006 con el desarme de más de 31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Ejecutivo del ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Los paramilitares aparecen como responsables de dos de las tres matanzas documentadas con vistas a la Semana por la Memoria: las de La Rochela y Bahía Portete.

La primera es detallada en "La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia", matanza de doce funcionarios judiciales cometida el 18 de enero de 1989 y con implicación de narcotraficantes y militares.

Los funcionarios habían viajado a ese caserío de Simacota, en el departamento de Santander (nordeste), para investigar crímenes de los paramilitares que, como esta matanza, siguen impunes.

En este caso ha imperado la impunidad, el oscurantismo y la persecución, denunció Alejandra Bernal, hija de uno de los investigadores asesinados.

"La justicia pide a gritos justicia para la justicia", exclamó la mujer, que definió la emboscada contra la caravana de su padre como un "evento criminal atroz".

Igual a lo vivido por la indígena wayúu Telemina Barros Fince, familiar de víctimas de Bahía Portete, paraje en la parte alta del departamento caribeño de La Guajira.

Una tía y una prima suya fueron desaparecidas por los paramilitares que el 18 de abril de 2004 irrumpieron en las rancherías (caseríos) wayúu, pueblo en el que el liderazgo es de la mujer.

Los atacantes torturaron y mataron a seis indígenas, entre ellos cuatro mujeres líderes, y también saquearon e incendiaron varios domicilios y profanaron el cementerio. La acción llevó al desplazamiento de unos 600 aborígenes.

Son hechos recogidos en "La masacre de Bahía Portete: mujeres wayúu en la mira", que abunda en la tortura y violencia sexual contra la mujer como herramienta para someter a un grupo étnico.

El mecanismo es más patético en este pueblo de hombres guerreros que caen en la indignidad si agreden a la mujer y en el que, en palabras de la líder Telemina, se muere tres veces: "en nuestro cuerpo, en el corazón de quienes nos sobreviven y en la memoria".

Una certeza que la mantiene en el empeño de encontrar a las desaparecidas. "Tenemos el sueño de encontrarlas (...); nos robaron sus cuerpos, pero no las desaparecieron de nuestra memoria".

Es un dolor compartido con las mujeres de Bojayá (noroeste), población selvática de afrodescendientes escenario el 2 de mayo de 2002 de una de las peores matanzas del conflicto colombiano.

Fueron 79 lugareños que se habían refugiado en un templo católico para salvarse de combates entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Bloque "Élmer Cárdenas" (BEC, paramilitar). Los guerrilleros la causaron con un cilindro de gas con explosivos.

"Nos duele que otros intereses estén por encima de la vida", afirmó Delis Palacio, de la asociación de desplazados de la localidad, cuyo caso está en el estudio "Bojayá: la guerra sin límites".

El otro informe es "La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe", sobre la usurpación de territorios y las acciones de vecinos para sobrevivir o defenderse.

El caso lo definió el líder campesino Rosmi Lizardo así: "este intento (de los paramilitares) de refundar el Estado nos ha dejado cuatro millones de desplazados y miles de víctimas".

Una realidad en cuatro hechos que el historiador Sánchez describe de esta forma: "son retratos amargos de nosotros mismos".

José Guillermo Herrera