Más polémica con la exhumación de Franco: más trabas y acusaciones al Gobierno por su torpeza

Un nuevo obstáculo, una cascada de maniobras y demandas, una losa tan pesada como la que cubre la tumba del dictador. Todas destinadas a paralizar una exhumación que ha sido, no se olvida, aprobada por el Parlamento aunque el Gobierno haya anunciado sin medir pasos y consecuencias el traslado del cuerpo del dictador sin una negociación con la familia y sin un consenso de puesta en marcha con el resto de fuerzas políticas, algo que habría evitado la paralización y marcha atrás constate de este proceso.

Solo el juez José Yusty ha dado credibilidad a un informe pedido por la familia del dictador en el que se considera que el traslado puede provocar problemas a la estructura y a la seguridad de los trabajadores que se ocupen del mismo.

Otros jueces, como Daniel Sancho, pensaron lo contrario al considerar que "no había quedado justificado en qué modo sería irreparable desde el punto de vista urbanístico la decisión de ejecutar la retirada de la lápida". El juez Yusty opina justo lo contrario al considerar que "ese traslado puede atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho, esto es poner en peligro la vida humana".

La oposición ha aprovechado la circunstancia para criticar al Gobierno. El PP ha considerado que su única idea es volver a abrir heridas, a desdeñar a otras víctimas. Tampoco les gusta a los propios socios de Gobierno la manera en la que se han llevado a cabo el propósito de exhumar al dictador. Desde Podemos se ha criticado la torpeza y poca seriedad del Gobierno. Desde ERC se ha atacado en este caso a la Justicia española. Desde el punto de vista del Ejecutivo, la exhumación de Franco sigue en marcha. Lo que no se sabe ya es si esta se producirá en este legislatura acabada o en la siguiente.