La expareja de Juana Rivas también pedirá cárcel para ella

El fiscal acusa a Juana Rivas de dos delitos de sustracción de menores, uno por cada hijo, y solicita un total de cinco años de prisión para ella. También pide la inhabilitación especial para esta madre de Maracena (Granada) para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños por un plazo de seis años, además del pago de las costas.

El abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha señalado que "comparte" la tipificación que ha hecho la Fiscalía, aunque entiende que los hechos también son constitutivos de un delito de desobediencia judicial, después de que Rivas incumpliera las resoluciones que le obligaban a entregar a sus dos hijos, de 11 y 3 años, al padre para que regresaran con él a Italia.

Así lo hará constar en el escrito de acusación que presentará ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que a finales de diciembre dio por concluida la instrucción y dictó auto de procedimiento abreviado dejando a Rivas a un paso del juicio por supuestos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y sustracción de menores.

Por su parte, el equipo de abogados que defiende a Juana Rivas sostiene que, aunque se trata de un escrito de acusación provisional "bastante duro" por parte del fiscal, deja "bastante margen para la defensa" y presentarán también en breve su escrito ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que está llevando el caso, para pedir la libre absolución de su patrocinada.

José Estanislao López, abogado de Rivas, discrepa de la valoración del juez valoración y afirma que existe "mucha margen para la defensa", puesto que al margen de la calificación de los hechos, que ven discutible, sostienen que el escrito del fiscal no tiene todos los elementos que giran en torno a este caso.

José Estanislao López incide en que no se ha dejado constancia de que "lo primero que hace Juana Rivas" cuando llega a España procedente de Italia es "denunciar" una situación de supuestos maltratos que "no aparecen en esta causa" pese a ser la motivación por la que decide abandonar el domicilio familiar situado en la isla de Carloforte (Italia).

A ello suman que los menores "no tienen la nacionalidad italiana como se ha llegado a afirmar en algunas resoluciones judiciales", entre otros elementos que consideran claves para argumentar su defensa.