Un informe denuncia extorsión y familias rotas para los refugiados en la frontera de Melilla

El Servicio Jesuíta a Migrantes y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas han elaborado un informe que detalla las extorsiones y las situaciones "traumáticas" a las que son sometidos los refugiados sirios que intentan llegar a Melilla desde Nador y que tienen que recurrir a los pasantes, dejando incluso a sus hijos pequeños en manos de desconocidos, para poder alcanzar la oficina de asilo que el Gobierno creó precisamente para facilitar el acceso a la protección internacional.

Según el trabajo 'Derechos Humanos en la Frontera Sur: Entre Nador y Melilla', "las escasas oportunidades de acceder a España por canales legales para migrantes procedentes de países en desarrollo y las dificultades para atravesar la frontera son fuente de negocio para mafias y pasadores" en un contexto en el que, según afirma, "todo indica la existencia de un proceso sincronizado de gestión del flujo de personas" entre Marruecos y España.

Esos pasadores, muchos de ellos organizados en mafias, contactan con los migrantes y refugiados y les acaban imponiendo el modo de cruzar cobrando "elevadas sumas por sus servicios" en función, tal y como dice el informe, "de las dificultades coyunturales de acceso que existan en la frontera y de la demanda".

El informe cita varios ejemplos, como el de Issa, de Siria, que tuvo que pagar 1.300 a los pasadores en Nador. Había salido de Siria dos años y medio antes en busca de protección internacional. Entre Turquía, Líbano, Argelia y Marruecos, lleva gastados más de 26.000 euros, cuando la renta media anual de un sirio en 2011 era de 5.000 euros. Amal, igualmente siria, madre de tres hijos cuyo marido se encuentra en Líbano, tuvo que pagar 1.600 euros para pasar de Argelia a Marruecos y 4.400 para curzar la línea española.

"LA PEOR FRONTERA DE TODAS"

"Si se trata de familias con muchos más miembros, la suma puede ascender hasta 13.000 euros, tal y como le ocurrió a la familia de Aamer (de Homs, Siria): 15 miembros contando con su mujer, hijos, hermanos y sobrinos). Venían de cruzar Líbano, Egipto, Argelia y Marruecos. A su parecer, la frontera hispano-marroquí es la peor de todas", expone el trabajo.

La documentación falsa, marroquí o española, cuesta mil euros por adulto y entre 400 y 700 por niño, que, con frecuencia, ha de pasar de la mano de un adulto desconocido haciéndose pasar por su hijo y confiando en que al otro lado de la frontera le llevará al Centro de Estancia Temporal para que se reúna o espere a sus parientes. También es frecuente que los pasadores escondan a los menores en coches previo pago de sus familias para poderles cruzar.

La principal consecuencia es la separación, pues no todos los miembros de la misma familia consiguen pasar. "Les afecta mucho separarse de los niños y la incertidumbre de no saber cuándo los pasadores harán cruzar a los menores, pero tienen que fiarse a pesar de todo", explica el trabajo del Servicio Jesuíta a Migrantes.

Además, cuando son niños solos y pese a que los sirios "aportan documentos que acreditan su identidad y filiación" a diferencia de los menores no acompañados de otras nacionalidades, sigue vigente el protocolo contra la trata de seres humanos, por lo que un niño solo automáticamente ingresa en un centro de menores y cuando su familia lo reclama, ha de hacerse pruebas de ADN para contrastar la filiación, prolongando la separación.

"La separación de las familias y la misma estancia en Melilla se alarga cuando hay errores en los resultados de las pruebas de ADN, o cuando se retrasan las citas. Se han podido apreciar informaciones contradictorias sobre lo que se ha venido realizando y lo que no: parece que falta entendimiento entre Policía, Fiscalía y la Consejería de Bienestar Social", denuncia el informe.

En este sentido, incide en que "no se ha demostrado ni un solo caso en el que los progenitores mientan" y pese a ello, "esta práctica se ha mantenido hasta muy recientemente" separando a los menores de sus padres "de modo automático, en todo caso". "¿Cómo es posible que sabiendo todo lo que ocurre en torno a la frontera, al llegar a Melilla se separe a un niño de sus padres aun acreditando legalmente la filiación? Sin duda, es una de las mayores vulneraciones del interés superior del menor, además de ser una de las experiencias más traumáticas", señala.

SIN PEDIATRA EN EL CETI

Una vez en España, quienes no se pueden pagar un alojamiento en Melilla se ven abocados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde "la mayoría" de quienes no han pedido asilo "queda bloqueada unos seis meses, sin recibir ninguna información acerca de la fecha de su traslado" y quienes sí lo han hecho, aguardan sin saber cuándo se producirá porque estas instalaciones "carecen de una regulación completa", no está estipulado.

"El CETI no es un lugar adecuado para la acogida, mucho menos de solicitantes de asilo, y ello en base a la normativa española y comunitaria", afirma el trabajo, que detalla carencias que van del hacinamiento, a un servicio médico escaso y sin especializar, la ausencia de pediatra, de recursos para niños o de mecanismos tanto de queja como de sanción.

Amadou, mauritano de 22 años, lo resumía así: "Si tienes algo te roban [cuenta cuando le robaron los pantalones]. Somos muchos en la habitación, no lo he contado. Son camas de 3 plazas cada una, sin colchón. Hay cucarachas. Hay gente que entra con comida...Voy a las actividades del CETI, como el partido de baloncesto. No hay muchas actividades fuera, pero intento salir... El CETI es como una gran prisión".

LOS SUBSAHARIANOS, TODAVÍA PEOR

El informe detalla el contraste de situación entre los sirios y los nacidos al sur del Sáhara que llegan a las inmediaciones de Melilla. Mientras los primeros se alojan en "hoteles baratos de paso", los segundos casi no tienen otra opción que dormir en los bosques en campamentos improvisados que cada cierto tiempo levantan las fuerzas marroquíes. Estas personas "no pueden ni acercarse a la frontera", no se ha registrado una sola petición de asilo de un ciudadano subsahariano desde que abrieron sus puertas en 2015.

En esos campamentos, algunos controlados por mafias, hay niños y muchas mujeres víctimas de trata cuya media de edad "oscila entre los 15 y los 19 años" y algunas de las cuales "están embarazadas", conforme indica el trabajo. "Un caso sangrante fue el de una mujer embarazada de siete meses de gemelas que al poco de llegar a uno de los campamentos fue violada cuatro veces: murieron las tres (...) Crímenes ocultos e impunes", detalla.

Entre otras medidas, el trabajo recomienda expedir visados en el consulado español en Nador para los refugiados, rediseñar el funcionamiento del CETI y establecer sistemas específicos de protección para perfiles vulnerables. En definitiva, "recibir con dignidad y respeto de sus derechos a las personas refugiadas y otras que llegan a España huyendo de situaciones de persecución, miseria o guerra que les han causado terribles sufrimientos".