La Fiscalía se querella contra Shakira por seis delitos de fraude fiscal

Shakira perdió la voz y tuvo que retirarse de los escenarios durante un tiempo. Ahora, quien puede dejarla sin aliento es la Fiscalía de Barcelona que se ha querellado contra la cantante ante los juzgados de instrucción de Esplugues de Llobregat (Barcelona) por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública. El supuesto fraude que habría cometido la cantante asciende a más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP) a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

En la querella, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e Impuesto de Patrimonio los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública, respectivamente, de 12.371.197,97 euros (IRPF) y 2.191.771,58 euros (IP). La fiscal considera que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron "esporádicas", por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario y residente.

Según el relato de la querella, la artista "con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario" para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agencia Tributaria de Catalunya el patrimonio que tenía en estos ejercicios. La fiscal argumenta que el plan de Shakira para conseguir no pagar impuestos "consistió básicamente en que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de que figurase ella misma", quien aparecía en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, dice el escrito.

A dichas sociedades fue donde de "forma indirecta fue a parar la mayor parte de la renta y de la que dispuso en provecho y beneficio propio", argumenta la fiscal, que también se querella contra un consejero legal, con despacho en Nueva York, de la querellada y que ejercía de director y manager de diversas compañías propiedad de la cantante. Las empresas "fueron interpuestas con el único objetivo de ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio de la querellada", ya que carecían de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos.

Así, según la fiscal, la única relación de Shakira con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional. Según el cómputo de la Fiscalía, la querellada permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014 y se ausentó de este país para atender sus compromisos profesionales y de ocio: 123 días en 2012, 153 días en 2013 y 121 días en 2014. Por ello, la fiscal defiende en su escrito que al tener su residencia en España de manera habitual y haber permanecido más de 183 días en cada año natural, "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador", así como por la totalidad de su patrimonio.

Shakira había asegurado "en multitud de ocasiones" que tenía residencia fiscal en Bahamas y presentó un documento de verificación de residencia expedido por el Department of Inland Revenue, con fecha 7 de septiembre de 2016, en que confirmaba que era y había sido residente de las Bahamas desde 2007 y se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales, recoge la Fiscalía. No obstante, la fiscal considera que la cantante no estuvo ningún día entre 2012 y 2014 en el país y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto, y constata que el único vínculo con él es la existencia de un inmueble propiedad del 50% de la sociedad CBPI de la que ella es socia.

La cantante defendió la semana pasada en un comunicado que ha cumplido "con todas sus obligaciones tributarias" con España y no tiene ninguna deuda con la Hacienda española. En el comunicado, la cantante recordó que tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria debía abonar, procedió "a pagarlo en su totalidad y, por tanto, actualmente no existe ninguna deuda" y ello demuestra su disposición a solucionar la discrepancia. Argumenta que su caso es único porque es una ciudadana extranjera en España cuyos ingresos proceden en su práctica totalidad (96%) del extranjero, y asegura que siempre ha mantenido una conducta "intachable". En su querella, la Fiscalía dedica un apartado a la actitud de colaboración de la artista y asegura que la aportación de documentación e información "fue siempre a solicitud de la Agencia Tributaria, a medida que ésta iba realizando averiguaciones y obtenía más datos: La querellada no aportó ningún documento ni información a iniciativa propia".