La fiscalía de Valencia pide la imputación de la directora de la residencia de Lliria por el maltrato a los ancianos

La Fiscalía de Valencia ha llevado la investigación sobre el trato que recibían internos en una residencia de Llíria al juzgado y solicita la imputación de la directora del centro, según ha adelantado Las Provincias. El fiscal encargado de las diligencias ha tomado esta decisión tras analizar el informe de la Guardia Civil que se personó en la residencia e interrogar a la trabajadora que grabó los vídeos al comprobar el lamentable estado que presentaba la mayoría de los ancianos. "Los hechos investigados, prima facie y, sin perjuicio

de ulterior calificación, pueden ser constitutivos de varios delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal", señala el documento de la fiscalía.

La fiscalía remite las diligencias al Juzgado Decano de Llíria a fin de que por el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda incoe las correspondientes diligencias previas con el objeto de que se depuren las eventuales responsabilidades penales en que se haya podido incurrir. La gravedad e intensidad de los hechos desbordan la mera responsabilidad administrativa, señala el escrito al que ha tenido acceso Informativos Telecinco.

La fiscalía considera que existen indicios de que el trato dispensado a los residentes por la directora de la residencia en su posición de garante y por los encargados del cuidado, vigilancia y atención de los mismos, socavó gravemente su dignidad e integridad moral, hecho que todavía se hizo más patente y lacerante en el caso de los residentes que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección.

Ahora, el juzgado que asuma el asunto abrirá unas diligencias previas para aclarar lo ocurrido y depurar las eventuales responsabilidades penales en las que se haya podido incurrir. Una de las primeras actuaciones será la declaración como investigada de la directora del centro.

El documento, al que ha tenido acceso Informativos Telecinco, señala que con motivo de las imágenes hechas públicas el día 8 de septiembre la fiscalía tuvo conocimiento de que tres residentes de avanzada edad comían solos en su silla de ruedas, con dificultad y sin contar con ayuda de terceras personas pese a su escasa movilidad. Las imágenes desvelan que una residente lleva solamente un pañal, otra está semidesnuda e inmovilizada por un cinturón de sujeción. Otro de los residentes al intentar levantarse se cae y se golpea la cabeza quedando inmóvil en el suelo. Notifica también el hecho de varios residentes presentan heridas. Ante estos hechos, "este Ministerio, el día 9 de septiembre, acordó oficiar a la comandancia de la Guardia Civil de Valencia para que informase sobre los hechos ocurridos y para oficiar a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para que remitiese a esta Fiscalía un informe sobre la residencia", destaca el escrito de la Fiscalía.

Los inspectores visitaron la residencia el día 15 de septiembre de 2020 para comprobar el funcionamiento del centro y en especial lo referente a la seguridad y dignidad de los usuarios, así como para comprobar el estado de subsanación de los incumplimientos requeridos por escrito por el Jefe de Servicio de Inspección de fecha 15 de julio de 2020. En dicha visita los inspectores comprobaron que el sistema de llamadas en varios baños no funcionaba; que el estado de los dormitorios no había sido corregido y que continuaban faltando sillones geriátricos.

Detectaron, asimismo, los siguientes incumplimientos: el personal del centro no acudía a las llamadas de emergencia de las habitaciones y baños que habían sido accionados; en una de las habitaciones la usuaria encamada no disponía de registro de cambios posturales; que había habitaciones con timbres rotos y que en una de ellas los cables de luz estaban sin protección con el consiguiente peligro para los usuarios; ausencia de figuras y la correspondiente falta de horas del médico, enfermería y cocineros; falta de higiene en enseres y estancias, en particular, el comedor, que presentaba suciedad en el suelo y en las mesas y en la cocina; una residente les informó de que su habitación estaba sucia y que había residuos en el suelo desde el día anterior que no había sido limpiados pese a haberlo solicitado.

Las imágenes de los ancianos tirados en el suelo sin ayuda, con heridas, atados y en condiciones de higiene y salud dramáticas fueron desveladas por Informativos Telecinco a través de una extrabajadora del centro. Este reaccionó señalando que las imágenes se referían a hechos puntuales y que la extrabajadora había sido despedida. La mujer trabajó en la residencia desde el 19 de abril de 2020 hasta el 19 de agosto.

La extrabajadora del centro se defendió de las acusaciones sobre sus intenciones y su trabajo en el centro señalando que "denuncié por lo que yo veía, por la falta de personal y porque hacían locuras como dar desayunos a personas con alzheimer a ellos solos, con la medicación dentro. Los ancianos que tenían movilidad se comían su desayuno y el del vecino,... luego iban morados porque estaban drogados y se pegaban tortas". Y todo ello ha sido lo que ha declarado ante la justicia.

El escrito de la fiscalía provincial de Valencia desgrana testimonios de las familias como la de un hijo que denuncia que a su madre de 94 años un hombre le hacía cosas por la noche. Otro familiar denuncia que su suegra de 73 años llevaba ropa que no era suya y que en el mes de marzo del año pasado la mujer fue agredida de madrugada por un residente que padecía esquizofrenia y que entró en su habitación, causándole heridas y moratones en ojo derecho y frente y que a pesar de que pedía ayuda nadie acudió. Fue al día siguiente cuando los trabajadores del centro se percataron de lo sucedido y que a la mujer nadie le ayudaba a comer.

Otra familia denunció que el día 25 de agosto de 2019 su abuelo se rompió la cadera porque se cayó de la cama y que el día 20 de diciembre de 2019 volvió a caerse de la cama. No fue atendido por un médico hasta dos días después al no haber médico en el centro. Y hay más denuncias similares de falta de atención, abandono y descuido constante.

Extrabajadrores del centro han corroborado estas informaciones señalando el maltrato verbal con los ancianos, el abandono en muchos casos hasta el extremo de que una extrabajadora relató que vio cómo la

mujer, que aparece en las imágenes sentada en una silla, atada y desnuda, se comía sus propias heces que estaban esparcidas por el suelo. Otra extrabajadora que era auxiliar de enfermería constata que no había material de cura y que esa razón los residentes iban con las heridas sin vendar.

El Servicio de Acreditación de Inspección de Centros realizó tres visitas a la residencia los días 16 de julio; 15 de octubre y 19 de noviembre de 2019. En el curso de dichas visitas, la Inspección detectó los siguientes incumplimientos de la normativa vigente: desatención de los requerimientos efectuados no realizando las correcciones propuestas; varios usuarios que estaban en la cama no llevaban ropa interior, les faltaba el pantalón del pijama y los calcetines, estaban desarropados y uno de ellos no tenía manta; el estado higiénico de los usuarios no era el adecuado ya que se comprobó que había usuarios con el pelo sucio; zapatillas y ropa manchadas y sujeciones sucias; la residencia no tuvo personal médico desde el día 24 de octubre de 2019 hasta el día 29 de noviembre de 2019 por no lo que no prestaba el servicio básico de atención médica; el funcionamiento y la higiene de las instalaciones y el mobiliario no estaban en las condiciones adecuadas (aseos comunes, timbres de llamada, estado de las habitaciones, falta de sillones, camas fijas, humedades, desconchados, falta de pintura, tulipas de habitaciones rota);

muchas luces de emergencia no funcionaban.

El día 28 de agosto de 2020 se dictó una propuesta de resolución de expediente sancionador por comisión de cuatro infracciones leves previstas en el artículo 138 b) de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana; una infracción grave tipificada en el

artículo 139.l) de la citada Ley; una infracción muy grave tipificada en el artículo 140 h) de la citada Ley con una propuesta de multa de 80.001 euros, precepto que castiga como tal la conducta consistente en “Proporcionar a las personas usuarias un trato degradante que afecte gravemente su dignidad,

vulnerar su derecho a la intimidad y cualquier otro derecho, así como dificultar el disfrute de estos por medio de acciones u omisiones que ocasionen un perjuicio muy grave a las personas usuarias” y una infracción muy grave tipificada en el artículo 140 f) de la citada Ley con una propuesta de multa de 80.001 euros, precepto que castiga como tal “Omitir o no prestar la atención sanitaria y farmacéutica adecuadas, de manera que se incumplan los procedimientos y protocolos normalizados, y la adecuada práctica clínica, que incluye la inadecuada administración de los tratamientos prescritos o el uso de medidas de

contención no homologadas o no prescritas por el personal facultativo.”

DomusVI compró el centro en noviembre de 2018 y, desde entonces, la Conselleria de Igualdad ha inspeccionado las instalaciones en cuatro ocasiones en 2019. En ellas, se detectaron varios “incumplimientos graves” y algunos fueron subsanados gracias a la acción de la Conselleria, que tiene propuesta una multa de 174.000 euros. Entre los incumplimientos detectados se incluye falta de personal médico y enfermería –ya subsanado–; mobiliario defectuoso en habitaciones –en proceso de subsanación–; falta de cuidado de algunas personas residentes e incumplimiento del contrato por no tener servicio de peluquería y podología.

En otra residencia de esta misma empresa ubicada en Alcoy (Alicante) han fallecido más de 70 internos durante la pandemia (más de la mitad de los internos) y la Conselleria de Sanidad ha advertido “posibles negligencias graves”, según informa La Razón.

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García, dejaba claro en el canal 24 horas que de confirmarse los hechos no pueden quedar impunes aunque ha señalado que no conviene generalizar y ha puesto de manifiesto que las familias tienen todo el derecho a saber los detalles del día a día de los residentes. También ha puesto de manifiesto la necesidad de más cuidadores, personal y ha señalado que la financiación pública de estos centros es un elemento más para exigir transparencia.

La residencia siempre ha considerado intolerables las imágenes en un comunicado, pero ha defendido su profesionalidad y ha cargado contra el mensaje, la empleada a la que no se renovó considerando que todo es una venganza.