Una jueza francesa autoriza la demolición parcial del campamento de inmigrantes de Calais

"La orden es aplicable, excepto para las zonas de uso social común", ha indicado el portavoz del prefecto de Pas-de-Calais. "Así que no será aplicable a lugares como escuelas, un teatro y una oficina legal", ha precisado.

Un plazo oficial para que al menos 1.000 inmigrantes abandonen la zona sur del campamento expiró el martes y las autoridades han dicho que usarán la fuerza si es necesario para trasladarles a un lugar alternativo en un parque de contenedores cercano y otros centros de recepción.

Sus esfuerzos repetidos para cruzar el túnel del Canal y llegar a Reino Unido o para esconderse en camiones con los que cruzar han afectado el tráfico en este enlace vital entre Francia y Reino Unido, generado tensión con la población local y obligado a la Policía francesa a mantener un amplio despliegue en la zona.

El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo esta semana que la evacuación sería gradual y que hay suficientes plazas para todos bien en la región o en otros puntos de Francia.

Por su parte, la alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, se ha mostrado aliviada por la decisión del tribunal administrativo de Lille, la capital regional. "Nos mantendremos vigilantes sobre lo que va a ocurrir en las próximas horas y extremadamente vigilantes sobre lo que ocurra en los próximos días", ha comentado en declaraciones a BFM TV.

El tribunal no ha publicado por el momento detalles de la decisión de la juez Valerie Quemener, que se ha pronunciado en respuesta a una apelación de unos 250 residentes y nueve organizaciones caritativas que reclamaban que se suspendiera la evacuación.

"Esto son malas noticias pero nadie se mueve", ha señalado Aziz, un paquistaní de 42 años, en declaraciones a Reuters tras el anuncio de la decisión. Él y algunos de sus amigos gestionan una pequeña tienda que tendrá que ser desmantelada.

HAY UNOS 4.000 INMIGRANTES

En total, se estima que unas 4.000 personas viven en 'la jungla', frente a las 6.000 que había en septiembre. A las autoridades les gustaría que la cifra se situara en torno a las 2.000.

Las organizaciones humanitarias sostienen que la evacuación forzosa violaría los derechos fundamentales de los inmigrantes y empeoraría el sufrimiento de los entre 350 y 400 menores que hay en el campamento, algunos de ellos no acompañados.

Las ONG estiman que la parte sur de 'la jungla' que se prevé demoler se ha convertido en el hogar de unos 3.400 inmigrantes, más del triple que la cifra oficial.

Un parque estatal de contenedores reconvertidos abrió el mes pasado y cuenta con unas 200 camas libres de una capacidad total de 1.500, pero carece de aseos y duchas.

El Gobierno asegura que hay otros centros de recepción en el país que pueden absorber al resto de inmigrantes, con 600 camas disponibles de forma inmediata, pero muchos refugiados han explicado a Reuters esta semana que seguirán intentando llegar a Reino Unido, donde creen que les espera una vida mejor.