Los ginecólogos piden un "debate riguroso" que permita hacer una ley "estable en tiempo"

En un comunicado, estas entidades defienden que se deben buscar "puntos de coincidencia" entre las distintas opciones existentes en la interrupción voluntaria del embarazo, para lo que exigen "máximo respeto" a todas las ideologías correctamente planteadas, "cuidando los principios éticos, deontológicos y científicos que obligan a todo el personal sanitario".

Además, han lamentado que el Gobierno no haya "convocado ni consultado" a ninguno de los miembros de sus juntas directivas para la elaboración del anteproyecto.

Sobre todo, según apuntan, cuando se trata de un tema en el que consideran que pueden aportar "no sólo conocimientos científicos, sino experiencia profesional" a este tema.

De hecho, para solventarlo el presidente de la SEGO, José María Lailla, se ha dirigido ya a los ministros de Justicia y Sanidad para ofrecerles su colaboración y asesoramiento en la elaboración del contenido de la norma.

Por otro lado, y ante los distintos comentarios que se están vertiendo a la opinión pública sobre las modificaciones que deberían hacerse de forma inmediata, en el control del embarazo queremos aclarar, aseguran que no tienen previsto modificar los protocolos existentes en términos asistenciales, ni las guías practicas de actuación, ni tampoco los documentos de consenso que en estos momentos están vigentes.

"Todos ellos han sido elaborados, consensuados y aceptados y además forman parte de los programas de control de la gestación y cribado de los defectos congénitos; demostrando su eficacia y permitiendo entre otros el diagnóstico/tratamiento precoz de diferentes defectos y anomalías fetales", aseveran en el comunicado.

De igual modo, defienden que los esfuerzos realizados para el fomento de la educación en materia de sexualidad y anticoncepción son "instrumentos eficaces" en la prevención de embarazos no deseados.