Un menor autor de tres homicidios enfrenta al Gobierno, la Justicia y el Parlamento en Uruguay

El joven, apodado "El Pelón", mató el pasado 3 de enero de un disparo a un repartidor de alimentos que se resistió a ser robado.

Cuatro días antes, el 30 de diciembre, el menor había recuperado la libertad tras permanecer dos meses ingresado en un centro correccional a la espera de su condena por otro homicidio cometido el 26 de octubre.

La legislación uruguaya, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, otorga a los jueces que actúan en casos de menores 60 días para dictar sentencia mientras dura el ingreso provisional de los adolescentes.

Contrariamente, en el caso de los mayores de edad la ley no especifica un tiempo para que los jueces dicten sentencia y la prisión provisional se puede extender ilimitadamente.

Tras conocerse los antecedentes de "El Pelón", que en junio de 2010 cometió su primer homicidio tras un larga lista de robos, consumo de drogas y agresiones que lo llevaron repetidamente a centros correccionales juveniles, se generó una polémica pública.

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dejó entrever su malestar por lo ocurrido y responsabilizó al juez del caso.

Bonomi insistió en su intención de endurecer las sanciones para los menores que comenten delitos graves, que actualmente son ingresados en centros correccionales pero no pueden ser enviados a prisión hasta que cumplan 18 años.

La postura del ministro del Interior de penar con mas rigor a los menores delincuentes genera discrepancias incluso en la interna de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio.

El presidente interino de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, consideró en declaraciones a medios locales que el juez del caso "en principio no tiene responsabilidad porque los 60 días transcurrieron con actividad procesal útil".

"Si se practicaron citaciones a testigos y pericias y transcurrieron los dos meses el juez tiene que cumplir con la ley" y liberar al menor, agregó.

Los jueces "pasaron el balón" al Parlamento y se quejan de que 60 días para dictar sentencia, según la legislación aprobada por senadores y diputados, es poco tiempo.

Además, aducen que los abogados defensores frecuentemente recurren a recursos legales poco éticos para demorar el juicio y facilitar la liberación de los menores infractores.

Sin embargo, la diputada socialista y ex ministra del Interior, Daisy Tourné afirmó que el plazo estipulado en el Código "es suficiente" para que los jueces dicten sentencia."

Antes de las modificaciones legales las actuaciones judiciales "se demoraban" y cuando salían las sentencias los menores "habían tenido más tiempo de internación provisional de lo que indicaba la pena", afirmó la legisladora.

En medio de la polémica, que interrumpió la tradicional calma del mes de enero por las vacaciones de verano en el Gobierno, el Parlamento y la Justicia, el diputado Gustavo Borsari, del Partido Nacional, principal de la oposición, anunció que convocará próximamente a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y del Instituto del Adolescente para que den explicaciones sobre el caso de "El Pelón".