El 65,5% de los 8.800 inmigrantes que pasaron por un CIE el año pasado no llegaron a ser expulsados

En concreto, según datos oficiales a los que ha accedido Europa Press, en 2017 un total de 5.796 personas que fueron recluidas en los CIE tuvieron el año pasado que ser puestas en libertad ante la imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión, cosa que el Ministerio del Interior, responsable de la gestión de los centros, logró en un 34,5% de los casos.

La no ejecución de la expulsión ocurre cuando España no consigue averiguar de qué país es el extranjero en el plazo máximo de 60 días que puede mantenerle privado de libertad, cuando no tiene convenio con ese país de origen o cuando se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, como un menor de edad tomado por adulto, una víctima de trata o un posible refugiado, entre otros.

Así pues, hay notables diferencias en la ratio de expulsiones en virtud de la nacionalidad: mientras el año pasado se expulsó al 90% de los 1.607 marroquíes que pasaron por los CIE, sólo un costamarfileño de los 1.215 que fueron privados de libertad en España acabó siendo entregado a su país de origen.

Estas cifras no incluyen a los 577 migrantes que pasaron por la cárcel de Archidona (Málaga), habilitada como CIE en la recta final del año pasado tras un repunte en la llegada de migrantes a las costas de Andalucía y Murcia, aunque apuntan que 247 internos fueron deportados desde allí, principalmente a Argelia, mientras 30 quedaron en libertad.

De acuerdo a estos datos, recopilados en una respuesta parlamentaria a la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, las deportaciones desde los CIE se incrementaron ligeramente en 2017 con respecto a 2016, cuando la tasa de 'inexpulsables' ascendió al 71% de los 7.597 extranjeros internados.

Es tendencia en los últimos años que sean más las personas que acaban liberadas tras pasar por un CIE que quienes resultan expulsadas desde allí. En el año 2015, por ejemplo, se expulsó a cuatro de cada diez extranjeros retenidos, cuando en 2013 eran el 47% los que quedaban en libertad.

Con estos datos, la senadora Mora denuncia que "los CIE se están utilizando en muchos casos para identificar a la gente y eso no es legal". "La realidad es que está 'robando' la libertad a mucha gente que no debería ser internada en estas cárceles para migrantes", subraya en declaraciones a Europa Press, incidiendo en que esta práctica "vulnera los derechos humanos y es tremendamente cruel".

Precisamente el Pleno del Senado ha rechazado esta semana una iniciativa de Unidos Podemos para instar al Gobierno a adoptar medidas concretas para evitar este "limbo jurídico" de los migrantes "inexpulsables", es decir, aquellos que no pueden ser expulsados a sus países ni tampoco regularizar su situación en España y se quedan en la calle una vez abandonan el CIE.

UN TERCIO DE LAS EXPULSIONES FUERON 'EXPRES'

Mientras tanto, persisten las llamadas expulsiones 'exprés', que son las que ejecutan desde las comisarías durante las 72 horas que permite la ley retener a alguien en un calabozo. De acuerdo a las cifras oficiales, más de un millar de extranjeros fueron expulsados de este modo en 2017, 1.013 personas que suponen un tercio del total de expulsiones ejecutadas en el mismo periodo.

Por otro lado, según el balance que el Gobierno ofrece en otra respuesta a la senadora, al que ha accedido Europa Press, el año pasado la mayoría de los expedientes de expulsión que se incoaron fueron por mera estancia irregular. En total, se abrieron 18.081 expedientes de expulsión a personas que no tenían permiso de residencia, pero finalmente fueron materializadas 1.636, menos del 10%.

La mayor parte de los que fueron expulsados por estancia irregular en España proceden de Marruecos (4.019 personas), Colombia (1.252) y Argelia (771), según precisa el Ejecutivo.

Respecto a las expulsiones incoadas a extranjeros con antecedentes penales, el Gobierno señala que en 2017 se abrieron 2.062 expedientes de expulsión, de los que 816 (el 39,6%) fueron ejecutados.

LA CIFRA DE EXPULSIONES SIGUE BAJANDO

En total, España expulsó el año pasado a 4.054 extranjeros, mil personas menos que en 2016, cuando se computaron 5.051. Esta cifra viene bajando en los últimos seis años, según el Ministerio del Interior, porque en este plazo también se estaban reduciendo los flujos irregulares de inmigrantes hacia el país.

"Las repatriaciones descienden por quinto año consecutivo porque se reduce el número de llegadas de inmigrantes irregulares a España coincidiendo con la tendencia descendente de población extranjera iniciada en 2012", explicaba Interior en el balance de 2016.

Se da la circunstancia, no obstante, de que 2017 fue un año récord en llegada de pateras: 22.103 personas en 1.280 embarcaciones de acuerdo a los datos oficiales.