133 años de prisión para el acusado de los asesinatos de cinco jesuitas españoles en El Salvador

El excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 133 años y tres meses de prisión por el asesinato del ideólogo de la Teoría de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y de otros cuatro jesuitas españoles en 1989 en El Salvador.

Concretamente, tal como recoge la sentencia, se le considera “responsable de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista” tras acabar con la vida de Ellacuria, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.

Por cada uno de ellos se le impone la pena de "26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor", aunque el límite máximo de condena no excederá los 30 años.

Del mismo modo, a Montano también se le considera autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, pero no puede como refleja la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal no pueden condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

Más allá, en la resolución se explica que en el contexto en que tuvieron lugar los hechos, en un ya lejano noviembre de 1989, El Salvador atravesaba un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y que duraba más de diez años.

Montano pertenecía a 'la Tandona', la promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño del año 1966, que fue la clase más grande, poderosa y cohesiva del Ejército. Dado su tamaño inusualmente grande, los oficiales de este grupo esperaban gobernar al final de la década, una opción que habían estado anticipando desde por lo menos 1980. El condenado era miembro del "círculo íntimo" de poder de este grupo, denominado "los compadres", y participaba en las decisiones con los demás.

Los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes enfrentadas, intentando abrir un proceso de diálogo. Fueron acusados, en virtud de u afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".

Fue ese grupo de oficiales de ‘La Tandona’ el que adoptó la decisión de acabar con la vida de Ignacio Ellacuría y el resto de jesuitas.

Tras los hechos, Montano fue extraditado por Estados Unidos en 2017 y desde entonces ha permanecido entre rejas a la espera de este juicio.

El padre Ellacuría, como rector de la Universidad Centroamericana, era considerado uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Además, se caracterizó por su influencia en la sociedad salvadoreña a través de sus artículos, charla, análisis y propuestas.

De acuerdo a la sentencia, esa influencia y esa participación en la vida pública había provocado que le surgiesen poderosos enemigos y, de hecho, los jesuitas habían sido blanco durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados en la universidad que fueron incrementándose en intensidad y en número --hasta 49 en el año 1989--.

El papel de la Iglesia como mediadora en el conflicto avivó la enemistad de la extrema derecha, que temía perder privilegios fruto de esa negociación. Por eso, la línea dura centró su atención en obstaculizar el proceso de paz dado que se procuraba la depuración de las Fuerzas Armadas.

Habida cuenta de que Ellacuría era el principal valedor de esa purga en el ejército que pusiera fin a la influencia de los oficiales de 'la Tandona', se gestó entre ellos la idea de que era un "enemigo" cuya labor de intermediación suponía una amenaza para su privilegiada posición, "por lo que comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar" con su vida.

En la sentencia contra Montano, se relata el encuentro que mantuvieron oficiales del Ejército salvadoreño, en la cual el condenado estaba presente y en la que se decidió acabar con la vida de Ellacuría sin dejar testigos, utilizando para este propósito una unidad del batallón Alacatl.

Fue tras la medianoche del 15 al 16 de noviembre de 1989 cuando los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy, les facilitó un fusil AK 47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN con el fin de disparar con él y simular que habían sido los miembros del FMLN los responsables. Les ordenó también que hicieran creer que se había producido una confrontación militar una vez que los sacerdotes estuviesen muertos.

Así, los oficiales fueron a la residencia de los sacerdotes y cuando éstos salieron de su residencia, alertados por el ruido, les ordenaron tirarse al suelo, instante en el cual el oficial que llevaba el AK-47 abrió fuego contra los tres que estaban en el suelo:

Los oficiales se acercaron a la residencia de los sacerdotes y cuando estos salieron de su residencia alertados por el ruido les ordenaron tirarse al suelo, momento en el que el oficial que llevaba el AK 47 empezó a disparar a los tres que acababan de obedecer a esa orden: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes. Tras ello, según la sentencia, el subsargento y un cabo empezaron a disparar y mataron a los otros tres sacerdotes.

En ese mismo instante, el sargento que se había quedado custodiando a la cocinera de la universidad y a su hija efectuó numerosos disparos mientras ambas se agarraban. A continuación, cuando descubrió que seguían vivas en el suelo, abrazadas la una a la otra, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte, lo que hizo descargando su M-16 "hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad".

Después, otro de los soldados, siguiendo instrucciones del teniente de la Escuela Militar escribió en una pared: "EL FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN".

Tras los acontecimientos, en El Salvador se celebró un juicio que el Tribunal Supremo de España consideró que no revelaba indicios suficientes de que se garantizase el castigo y persecución de sus responsables, sino más bien su sustracción a la Justicia.

Por eso, finalmente, los hechos han sido juzgados en España al ser competencia de la Audiencia Nacional los asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas, y la sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, "lo que comúnmente viene a denominarse como "terrorismo desde el Estado" que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder.

La Sala considera además acreditado que en los hechos participaron un grupo "estable y permanente" que, desde las más altas estructuras del poder, y compuesto por el propio presidente de la República, utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana.

El objetivo, incide la sentencia, era "perpetuar sus privilegiadas posiciones" y para ello cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes que trabajaban como profesores de la UCA, pertenecían al liderazgo intelectual del FMLN.

En el objetivo de esclarecer lo sucedido, la sala considera vital el testimonio del exteniente del ejército Rene Yusshy Mendoza, que en calidad de testigo reconoció su participación. Al inicio del juicio fue eximido de ser procesado por la Fiscalía porque ya cumplió condena en su país y ha colaborado con la Justicia.

La sala le da credibilidad a este testigo y recuerda que desde el principio reconoció esa participación, señalando acudió aquella noche a la universidad por orden del coronel.

Por otro lado, la Sala incluye en la condena las costas de la acusación popular ejercida por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia, dado el papel determinante y decisivo que ha tenido en el proceso.