Los jesuítas denuncian que el Gobierno "acoge con los brazos cerrados" y pide mejoras en la recepción de migrantes

En un comunicado con motivo de la conmemoración, el lunes 18 de diciembre, del Día Internacional del Migrante, Entreculturas y el Servicio Jesuíta a Migrantes, entre otras, recuerdan que hasta el 30 de noviembre ha llegado por mar 19.668 personas, "una cifra muy superior a la de los últimos años, situándose en niveles similares a los de 2006 y 2007" y recuerdan que "entre estas personas que continúan llegando se encuentran menores de edad, solicitantes de protección internacional o mujeres víctimas de trata".

"Con los centros de primera asistencia y de estancia temporal saturados, la última respuesta del gobierno ha sido privar de libertad a 460 personas llegadas a Murcia por mar en un centro penitenciario de Archidona, Málaga, aún por estrenar, además de anunciar la construcción de nuevos centros de internamiento de extranjeros para los próximos meses", señala la campaña Hospitalidad.es.

Las entidades denuncian además que la inversión en construcción y mantenimiento de CIE y "en estas políticas de freno de la 'amenaza de la inmigración ilegal' mediante acuerdos con Libia, Marruecos y otros países supera con creces a la inversión en una educación basada en el concepto de ciudadanía global que promueva la integración social y la convivencia".

"Ponemos sobre la mesa la cuestión sobre la manera en la que dotar al sistema educativo de herramientas y planes para gestionar la diversidad cultural de manera positiva, así como una atención especial merecen aquellas personas con un perfil de mayor vulnerabilidad, sobre todo los menores extranjeros no acompañados", apuntan.

Sobre este asunto, recuerdan que "multitud de jóvenes menores de edad están viviendo en la calle (como sucede en Melilla arriesgando su vida al intentar colarse en barcos o camiones rumbo a la península), o internos en CIE (SJM identificó hasta 51 menores internados en 2016)".

"Es urgente garantizar la protección y tutela de menores migrantes no acompañados, aplicando el principio de interés superior del menor por encima de todas las cosas, así como acompañarles en su proceso de crecimiento. Este trabajo, en lugar de ser realizado por las instituciones, acaba siendo responsabilidad de las ONG", denuncian.

Asimismo, señala que la española es "una sociedad que ha sabido gestionar la convivencia entre diversas culturas" y destaca que el 97% de los ciudadanos se mostraba de acuerdo en acoger refugiados. Pese a ello, se registran "retóricas y políticas de criminalización y discriminación de las personas migrantes y refugiadas", "en muchas ocasiones, desde las propias instituciones de gobierno".

En este sentido, afirman que la actitud de la ciudadanía "no se refleja en la gestión del Ejecutivo", que no ha cumplido los compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados, y que mantiene la figura del 'rechazo en frontera' en Ceuta y Melilla aunque España fue condenada hace menos de dos meses por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por acometer "devoluciones en caliente".

"De igual forma, estas políticas fronterizas condicionan la ayuda oficial al desarrollo a terceros países africanos a su capacidad de ejercer control y freno a la movilidad de las personas migrantes. Reclamamos recuperar la inversión en la cooperación internacional al desarrollo en países de origen, que cayó un 72% entre 2009 y 2015, como instrumento fundamental para mejorar las condiciones de vida de estas personas", dice el comunicado.