Dos ex ministros laboristas comparecerán en la investigación sobre torturas

La participación de Miliband y Blunkett en la comisión investigadora aumenta la presión sobre el ex primer ministro Tony Blair y otros miembros del ex Gobierno laborista para que contesten a las preguntas del ex magistrado de la Corte de Apelaciones Peter Gibson, a cargo de la pesquisa, informa hoy "The Guardian".

El primer ministro británico, el conservador David Cameron, anunció el pasado martes que su Gobierno impulsará esta investigación, que se espera que comience a finales de año y que se presenten sus conclusiones en el plazo de doce meses.

Miliband -titular de Exteriores durante tres años hasta los últimos comicios y aspirante al liderazgo laborista- ha admitido que está dispuesto a acudir ante la comisión si se lo piden.

Un portavoz de David Blunkett, ministro del Interior entre 2001 y 2004, dijo en nombre del político que éste estaría "feliz" de cooperar y que espera que todo aquel al que se le requiera participe en la investigación.

Además, los directores de los servicios secretos británico MI5 (contraespionaje) y el MI6 (espionaje) prometieron que ellos y sus oficiales cooperarán en la investigación y se presentarán como testigos si así se les solicita.

De momento, todavía se espera la reacción al respecto de -además de Blair- Jack Straw, que ha ocupado varios cargos ministeriales en las carteras de Interior, Exterior y Justicia, y de Alan Johnson, último ministro de Interior laborista hasta las últimas elecciones.

Antes de que empiece la investigación, el Gobierno se ha ofrecido a mediar con las personas, entre ellas ex detenidos en Guantánamo, que hayan presentado demandas civiles y penales contra el Estado británico, y ofrecerá compensaciones "cuando sea apropiado".

El tribunal investigador esperará a que estos pleitos progresen para iniciar los interrogatorios, lo que se prevé que ocurra en los últimos meses del 2010.

Uno de los casos que más trascendió en este país fue el del ex preso de Guantánamo Binyam Mohamed, etíope residente en el Reino Unido que acusó a los servicios secretos británicos de haber sido cómplices, al aportar información sobre él y sugerir preguntas, en las torturas que sufrió a manos de agentes de la CIA.

Tanto los conservadores como los liberaldemócratas -integrantes de la coalición gobernante- habían exigido la investigación pública de las acusaciones al anterior Ejecutivo laborista, el cual siempre negó las torturas, pero al mismo tiempo intentó bloquear la difusión de toda la información disponible sobre el caso de Mohamed.

Además de la oposición política, también habían reclamado una investigación oficial la comisión británica sobre derechos humanos, dos comisiones parlamentarias y varias organizaciones de defensa de los derechos civiles.