La mortalidad de los inmigrantes irregulares crece un 15% tras la aprobación del Real Decreto 16/2012

El trabajo ha analizado la evolución en la mortalidad de la población que reside en España de manera irregular y de los habitantes con acceso garantizado a la sanidad entre 2009 y 2015, y ha comprobado que la ley de 2012 supuso hasta 70 muertes más al año que las que se producían en el periodo anterior.

Asimismo, y a pesar de que la reforma sanitaria se puso en funcionamiento con la intención de "ahorrar recursos y disuadir el turismo sanitario", el informe ha evidenciado que acabó "restringiendo" el acceso a la salud pública de los inmigrantes en situación irregular, "cambiando así la naturaleza universal del sistema".

De hecho, un año después de la reforma, España había retirado un mínimo de 873.000 tarjetas sanitarias a personas que no habían podido certificar su residencia en el estado, lo que supone un 13,87 por ciento de los inmigrantes en España y un 1,86 por ciento del total de la población.

Además, el estudio ha puesto de manifiesto que la mortalidad entre 2009 y 2012 decreció al mismo ritmo tanto entre la población nativa como entre los sin papeles. "La aprobación de la reforma no tuvo consecuencias en la estadística para los documentados, mientras que el efecto sobre la gráfica de la población que quedó excluida de la sanidad fue inmediato", ha apostillado.

ASIÁTICOS, CENTROAMERICANOS, SUDAMERICANOS Y AFRICANOS, LOS MÁS AFECTADOS

En concreto, la mortalidad mensual de los inmigrantes irregulares durante los tres años después de la aplicación de la ley aumentó en 0,66 muertos por cada 100.000 personas, que supone un incremento promedio del 15 por ciento respecto a los ratios anteriores al 2012.

Los datos muestran también cómo los efectos de la reforma sanitaria van a más con el paso del tiempo, de manera que, en 2015, la mortalidad entre los sin papeles ya era un 22,6 por ciento superior a la que se registraba antes de la reforma sanitaria. Una progresión que el informe ha atribuido mayoritariamente a dos efectos: la interrupción de tratamientos de enfermedades mortales y la no detección precoz de enfermedades con un alto riesgo de mortalidad.

Finalmente, el estudio también ha desgranado los resultados según la edad y la nacionalidad de los afectados. Así, ha mostrado que la población más joven (hasta los 19 años) no se vio afectada por la reforma y, por tanto, mantuvo el acceso a la sanidad, y que para este grupo de población la mortalidad no aumentó, lo que evidencia que los efectos estimados son efectivamente debidos a la pérdida de acceso al sistema de salud público. La mortalidad creció de manera más pronunciada para la población asiática, seguida de la población de Centro y Suramérica y, finalmente, la africana.