Tres años sin obras en el Algarrobico, cuyo futuro sigue siendo una incógnita

Hace 36 meses, el 22 de febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso 2 de Almería dictó la paralización de obras del inmueble en una decisión que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó en marzo de 2008, año en el que se sucedieron los pronunciamientos judiciales adversos al hotel.

Veinticuatro horas después, cuando los operarios trabajaban en un edificio ejecutado al 94 por ciento que aspiraba a abrir sus puertas en el verano de aquel año, el ruido de las máquinas cesó en este paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

En los días previos a la efeméride, Greenpeace tomó el edificio para cubrir sus 65.000 metros cúbicos de hormigón de una tela verde sobre la que se leía "Parque Natural sin hotel ilegal".

La protesta pretendía acelerar el derribo del hotel, opción a la que la Junta de Andalucía aludió ya en noviembre de 2005, cuando el Ministerio de Medio Ambiente anunció el inicio de la expropiación.

El acto que desarrolló Greenpeace el pasado 12 de febrero avivó la polémica sobre el edificio y suscitó nuevos pronunciamientos de las administraciones, que avanzaron que aguardarían a la resolución del proceso judicial abierto antes de proceder al derribo, así como la necesidad de suspender la expropiación iniciada.

El Ministerio de Medio Ambiente justificó la medida en un informe en el que la Abogacía del Estado apuntaba a su suspensión mientras el TSJA resuelva los recursos formulados al fallo que consideró nula la licencia del hotel al afectar a suelos de especial protección.

Paralelamente, el presidente andaluz, Manuel Chaves, que anunció en mayo de 2006 que el hotel iba a "desaparecer", trasladó la "obligación" de la Junta de aguardar a la resolución del proceso judicial que, según él mismo ha apuntado, puede durar hasta 10 años.

Dentro de la maraña judicial que deja en suspenso el futuro del hotel, 2008 fue un año especialmente prolífico en el que se dictaron ocho resoluciones adversas a los intereses de Azata, promotora del inmueble que defiende que se gestó como parte de un plan de reconversión turística aprobado por el Consejo de Gobierno en 2004.

Durante el último año, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional avalaron la orden ministerial que fijó en cien metros el deslinde del Algarrobico, con lo que parte de su estructura además de sus piscinas quedaban dentro de los bienes de dominio público.

Además, el TSJA paralizó cautelarmente la aplicación del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este espacio al entender que la nueva calificación del paraje como zona C3 podría suponer la reactivación del hotel.

Previamente, el TSJA ratificó la paralización de obras dictada por el juez Jesús Rivera, quien apreció indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por parte del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta, a la que acusó de modificar al margen de la Ley la calificación del paraje en el PORN de 1994 para incluirlo así en las áreas urbanizables.

Mientras la Fiscalía dirime este asunto, el porvenir del complejo entendido por los ecologistas como un símbolo de la destrucción del litoral queda en suspenso a la espera de que los tribunales se pronuncien todavía sobre múltiples cuestiones, entre ellas el retracto ejercido por la Junta o la convalidación de la resolución de utilidad pública adoptada por el Consejo de Ministros.