El oficialismo plantea que el Estado uruguayo asuma la culpa por las violaciones a los DD.HH.

En declaraciones a radio Carve, el diputado del Frente Amplio Diego Canepa confirmó hoy la existencia de este proyecto de ley, aunque subrayó que aún "hay temas que resolver", pues la coalición en el Gobierno desea el "consenso" en un asunto tan delicado.

Fuentes oficiales indicaron, en declaraciones que publica hoy el diario El Observador, que el Gobierno presentará en el curso de las próximas dos semanas ese proyecto de ley, que asume que el Estado cometió "actos de terrorismo oficiales".

Canepa quiso dejar claro que "este proyecto sólo alcanza a víctimas de terrorismo de Estado" y subrayó que "Uruguay no puede hacerse cargo jurídicamente de cosas en las que no tiene responsabilidad".

Agregó que "el Ejército, como institución, debería pedir perdón como han hecho tantas fuerzas a nivel mundial en situaciones similares".

La ley incluirá "una reparación integral" para las víctimas de la represión, que implicarán compensaciones económicas y asistencia de salud en casos de trastornos físicos o psíquicos derivados del sufrimiento recibido en aquellos años.

También habrá diversas acciones simbólicas "de reparación", con homenajes públicos y colocación de placas conmemorativas.

El periodo comprendido por este sorpresivo proyecto de ley abarca, además de la dictadura, los años de Gobierno constitucional del entonces presidente Jorge Pacheco Areco (1967-1971).

En 1968 Pacheco puso en marcha las llamadas Medidas Prontas de Seguridad, que no tuvieron la autorización del Parlamento, lo que llevó a muchos casos de arbitrariedad, abusos y represión.

En la preparación del borrador de la ley han participado miembros del Gobierno y parlamentarios.

Ya el pasado 2 de enero el diario oficialista La República había adelantado que se planteaba hacer una declaración de Estado en la que se pediría perdón por los actos de represión y de terrorismo, entre otras acciones "ilegítimas" contra el derecho de las personas.

Un aspecto polémico del proyecto de ley es que atribuye a los Estados Unidos la responsabilidad de amparar con su "doctrina de seguridad nacional" las violaciones de derechos humanos y el quiebre constitucional en América Latina en los años setenta, al apoyar a los Gobiernos dictatoriales de la región.

Gastón Grisoni, de la asociación de ex presos políticos Crysol, señaló al diario digital Observa que es "fundamental para afianzar la democracia" que se apruebe el proyecto y también la anulación de la vigente Ley de Caducidad, que dejó sin castigo a los militares y policías autores responsables de la represión.

Según Grisoni, hay en Uruguay unos 6.000 ex presos políticos, por lo que la organización que representa venía preparando desde el 2007 otro borrador legal semejante al que ahora presentará el Gobierno.

El objetivo, señaló, es que en las reparaciones que se producirán por las violaciones de derechos humanos queden comprendidos no sólo los ex presos, sino también los detenidos desaparecidos con sus allegados y los familiares de víctimas de terrorismo de Estado, los exiliados y los niños nacidos en cautiverio.

No obstante, destacó que la representación parlamentaria del Frente Amplio nunca recibió a Crysol para examinar ese anteproyecto redactado por la organización de derechos humanos y reconoció desconocer el texto que los oficialistas expondrán al Legislativo.