Más de 30 organizaciones suspenden a España en DDHH y reclaman un servicio 24 horas para víctimas de violencia sexual

Así lo indican en un informe presentado este miércoles 21 de marzo, coincidiendo con el examen al que se someterá España entre este miércoles y este jueves, por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), en el que se valora si el país cumple o no, y en qué grado, los derechos recogidos en el pacto correspondiente.

Entre las organizaciones que lo firman: Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADASP) el Center of Economic and Social Rights (CESR), los sindicatos Comisiones Obreras y UGT o la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), SOS Racismo o Women's Link Worldwide (WLW).

En concreto, denuncian "ineficacia para combatir la violencia sexual y de género". Así, en el ámbito de la violencia machista, las entidades promotoras reclaman al Comité la activación de servicios de 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual y la recuperación del presupuesto para prevenir la violencia de género que "ha decrecido un 21,6 por ciento".

Asimismo, piden que la ley de 2004 amplíe su definición de violencia de género a situaciones ocurridas en espacios no domésticos y ejercida por otros sujetos más allá de la pareja o expareja, "ante la evidencia de que la legislación actual ha resultado incapaz de atajar el drama de los feminicidios".

El informe también constata "retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, como la falta de regulación de la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, las restricciones para su acceso a menores de edad y mujeres en situación irregular o la reducción de medios para detectar casos de trata de personas y violencia machista".

Las organizaciones también denuncian "deficiencias en la financiación del sistema sanitario español a causa de una reducción constante del gasto público" así como el "recorte del gasto farmacéutico y la aplicación de copagos que han forzado a las personas más vulnerables a abandonar sus tratamientos".

Igualmente, critican un "retroceso del gasto social" y el "trabajo precario". "A pesar de las cifras que indican que España ha salido de la crisis económica, persisten los recortes sociales que profundizan en la brecha entre ricos y pobres", subrayan.

En este sentido, indican que, entre 2009 y 2014, el gasto social per cápita cayó un 6 por ciento mientras que la media de la UE aumentó un 2,5 por ciento. El informe muestra que existen "alternativas claras a la austeridad fiscal que harían tales recortes innecesarios" tales como la lucha contra la evasión fiscal y la elusión en paraísos fiscales, o la revisión de las exenciones tributarias en el impuesto a la renta personal.

El informe también denuncia que España "ha incumplido la obligación de garantizar el derecho al trabajo" y pone el foco en dos situaciones concretas: la tasa de desempleo juvenil, que se sitúa en el 44 por ciento, y la precarización del empleo, que conlleva que un 13 por ciento de las personas laboralmente activas se encuentren en riesgo de exclusión social.