Un pediatra se declara culpable de abusar de seis niños en Almería

El procesado, de 45 años, ha aprovechado su turno de palabra en el acto de juicio celebrado en la Audiencia Provincial para pedir "disculpas" tanto a las víctimas como a sus familias, y también a sus propios allegados por lo que ha definido como una "situación muy engorrosa".

Carlos Alexander R.L. ha admitido a preguntas del fiscal Jesús Gázquez y ante el tribunal presidido por el magistrado Luis Columna ser el "responsable" de los hechos que se le atribuían, una vez con un "sí" y en otras cuatro ocasiones asintiendo con la cabeza, tras lo que el Ministerio Público ha decidido modificar su escrito de acusación en el que interesaba un total de 37 años de cárcel.

El pediatra de 45 años ha aceptado cuatro años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de abuso sexual, otros dos años de cárcel por un quinto delito y ocho años y seis meses de prisión por un sexto delito de abuso sexual continuado. Al margen de cárcel, el Ministerio Público pedía 42 años de libertad vigilada y el abono de indemnizaciones de entre 15.000 y 10.000 euros por el daño moral causado a las víctimas.

Al término de la vista oral, con presencia de la Abogacía del Estado que se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, la letrada de la defensa, Estela Gómez, ha trasladado en declaraciones a los periodistas que fue "él mismo" que le trasladó, tras barajar "muchas opciones", que iba a asumir la autoría de "todos y cada uno de los hechos" que se le imputaban ya que está "muy arrepentido".

Carlos Alexander R.L. prestó servicio como pediatra contratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en centros de los municipios de Huércal-Overa, Pulpí y Vera desde marzo de 2008 hasta septiembre de 2013. Así, "aprovechándose de su condición" de facultativo, establecía relaciones de "confianza" con las madres de los niños que acudían a su consulta como pacientes y se centraba, sobre todo, en aquellos que eran de nacionalidad colombiana como él.

La Fiscalía remarca que conseguía de este modo el "consentimiento" de las progenitoras para llevarse a sus hijos a pasar "una tarde, un rato, un día o un fin de semana" a su domicilio, ubicado en la localidad de Roquetas de Mar, "haciéndose cargo de ellos de manera exclusiva".

Una vez en la casa, junto al que decía ser su hijo, también menor de edad, perpetraba supuestamente los abusos. Lo hacía tanto en el interior del domicilio como en la piscina comunitaria "guiado por el ánimo lúbrico".

El Ministerio Público detalla "besos en la boca en múltiples ocasiones, tocamientos en los genitales", así como que dormía con ellos en "la misma cama" o que "aprovechaba la excusa de ducharse y secarlos" para la práctica "de sexo oral".

Entre las víctimas, de entre cuatro y 13 años, figura un menor que en el momento de los hechos se encontraba ingresado en un centro de acogida y con quien el procesado se prestó a realizar funciones de "familia colaboradora" y un segundo niño que sufrió los abusos hasta los 17 años "porque le había hecho creer que eso era lo normal en su país.

"El menor consistió a pesar del rechazo que sentía para poder seguir disfrutando de beneficios que su economía no le permitía", remarca el Ministerio Fiscal.

Carlos Alexander R.L. fue extraditado el 8 de julio de 2016 a España desde su país natal, donde estuvo estado cumpliendo condena por hechos similares. Tres meses antes había sido puesto en libertad condicional tras estar en arresto domiciliario, controlado por un dispositivo electrónico.

El juicio contra él en Colombia, por el que fue condenado a 38 meses de prisión, se celebró en ausencia del reo, quien protagonizó dos huidas; una hacia España, donde cometió presuntamente los delitos de los que ahora debe dar cuenta, y la segunda, de vuelta su país natal.

Allí fue detenido en marzo de 2014 tras la labor conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana, en colaboración con la Guardia Civil en España.

La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ordenó su extradición en julio de 2014 al estimar la petición tramitada por el Gobierno de España a raíz de que el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar abriese causa contra él.

No obstante, se dispuso que no fuese extraditado para ser puesto a disposición de este juzgado instructor hasta que cumpliese la pena de 38 meses y 25 días de prisión a la que fue condenado en 2012 tras la denuncia del padre de una de sus víctimas.

Finalmente, no la cumplió de forma íntegra y se benefició de remisión de pena. Ya entonces, los magistrados colombianos señalaron que fue la profesión que ejercía "lo que motivó su acceso al ambiente escolar" y "lo que le facilitó la confianza" de la víctima para que pudiera desarrollar su "perversa conducta".

La Corte no le inhabilitó profesionalmente y estuvo investigado en relación a hechos similares en Barcelona, donde también ejerció como pediatra antes de llegar a Almería. Accedió al SAS por una bolsa de empleo.

Para estimar la extradición y dictar resolución en positivo, la Corte Suprema colombiana tuvo en cuenta la denuncia de las madres de los menores, que principalmente eran madres solteras o divorciadas con problemas económicos y de origen sudamericano.

En esta línea, hacía alusión a la primera denuncia, de julio de 2013, en la que la progenitora de un niño de ocho años daba cuenta de presuntos abusos sexuales mientras el menor estaba a cargo del pediatra en su casa.