El 15% de las personas con discapacidad tiene estudios superiores, la mitad que la población sin discapacidad

Así lo ha puesto de manifiesto el profesor de la Universidad de Salamanca Agustín Huete en el último número de Panorama Social, publicación editada por Funcas, que analiza la discapacidad en España y la inclusión social de las personas afectadas, con especial atención a su integración en el mercado de trabajo.

Igualmente, la publicación apunta la distancia entre la legislación sobre esta materia y los objetivos alcanzados en diferentes ámbitos, advirtiendo además de la relativa escasez de datos estadísticos para dar cuenta de la situación en la que se encuentra este colectivo.

En ella, Agustín Huete analiza las iniciativas de inclusión educativa en España desde la década de los 70 del siglo XX y muestra que los niveles educativos de las personas con discapacidad son sustancialmente más bajos. Además, advierte de que las estadísticas más recientes revelan la existencia de una brecha en el nivel educativo de la población con discapacidad y sin discapacidad de la misma edad.

"Resulta especialmente llamativo el porcentaje de analfabetismo de las personas con discapacidad, que multiplica por diez el de la población sin discapacidad. Igualmente llamativo es el escaso acceso a los estudios de grado superior y universitario, respecto a la población general", apunta Huete, destacando que desde 1999 la tasa de analfabetismo se ha reducido a la mitad.

TASAS DE EMPLEO "MUY BAJAS" DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En este número de Panorama Social, que destaca que el porcentaje de personas con discapacidad reconocida respecto de la población total en España supera ligeramente el 6%, también se critica que en España todavía se registren tasas de actividad y de empleo "muy bajas" en este colectivo.

Concretamente, señala que en 2016, la tasa de actividad de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se situaba en el 35,2% (frente al 75,4% en el conjunto de la población), y la tasa de empleo (el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sobre el total de personas con discapacidad en ese rango de edad) en el 25,1% (frente al 60,5% en el conjunto de la población). En cambio, la tasa de paro superaba en casi diez puntos a la de la población general (28,6% frente a 19,8%).

En la publicación, la experta Vanesa Rodríguez también presenta una panorámica de la evolución de la participación laboral y el empleo de las personas con discapacidad en España en los últimos años. La autora identifica la inactividad, no el desempleo, como el "gran problema" que dificulta la relación con el mercado de trabajo de este colectivo.

Para Rodríguez, el "principal escollo" reside en la "baja" participación laboral de las personas con discapacidad, que se sitúa en valores cercanos a la mitad de la tasa de actividad de las personas sin discapacidad. Además, subraya que una vez que las personas con discapacidad se incorporan al mercado de trabajo, su ocupación se concentra en trabajos a "tiempo parcial" y, en general, "peor remunerados" que los de las personas sin discapacidad.

Por su parte, el doctor por la Universidad de Alcalá Miguel Ángel Malo evidencia en su artículo las diferencias salariales entre las personas con y sin discapacidad. En este sentido, indica que la ganancia bruta de los asalariados con discapacidad supone el 79% respecto de los trabajadores sin discapacidad en el caso de los hombres, y el 84,5% en el de las mujeres, según datos correspondientes a 2014.

Según el autor, la principal razón de los bajos salarios de las personas con discapacidad "reside en sus características asociadas con una menor productividad, en especial, el nivel de estudios".

Por otro lado, los expertos Sagrario Anaut y Javier Arza muestran la distancia existente entre los avances normativos en el ámbito de la discapacidad y la situación social de las personas con discapacidad en España. Precisamente, lamentan que la inclusión plena de las personas con discapacidad "sigue siendo un tema pendiente" de las políticas sociales en España, ya que en torno al 30% de esas personas se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, cinco puntos por encima del porcentaje correspondiente a la población total.

Por último, Antonio Jiménez analiza en su artículo la situación actual de la Ley de Dependencia, cuando se acaban de cumplir diez años de su aplicación. El autor la valora positivamente, aunque concluye que todavía queda un largo camino por recorrer hasta cumplir sus objetivos. En su opinión, los datos ponen en duda la garantía efectiva del nuevo derecho de ciudadanía establecido en aquella Ley.

Según las Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD), alrededor de 315.000 personas seguían a finales del año 2017 a la espera de que se les asignara una prestación, mientras que cerca de 950.000 contaban con ellas. Por ello, Jiménez destaca las ventajas de la atención profesionalizada en la medida en que puede producir "importantes retornos fiscales" al generar empleo y promover el desarrollo económico.