"La ley Celaá morirá con el Gobierno": los expertos analizan verdades y mentiras de la Lomloe

Miles de personas se han echado a la calle este fin de semana para protestar contra la ley Celaá aprobada en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido uno de los temas más polémicos, la desaparición del español como lengua vehicular, una cuestión que no es educativa para los expertos. Informativos Telecinco ha hablado con varios de ellos y nos han puesto sobre la mesa los pros y los contras de la Lomloe, los retos conseguidos hasta ahora en materia educativa en nuestro país y los que quedan por delante. Coinciden en señalar que una buena ley no es posible sin consenso y que hay que sacar la educación del debate político.

La octava ley de educación de la democracia, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), sigue careciendo de ese consenso. Los principales partidos de la oposición ya han anunciado un recurso en el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, la educación en España ha mejorado mucho en los últimos 40 años porque partimos de un nivel muy bajo: se ha erradicado el analfabetismo, se ha extendido la educación obligatoria hasta los 16 años y se ha generalizado la educación universitaria, señala el politólogo Pablo Simón.

Los docentes son el gran valor del sistema educativo español para Belén Espejo Villar, profesora de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca. “Son profesionales que trabajan en condiciones precarias, pero con una enorme motivación e implicación. Los centros funcionan muy bien con los medios que tienen”.

En cuanto a la falta de recursos, Simón señala que sería necesario destinar a educación al menos un 5% del PIB. Actualmente, el gasto está en el 3,97% del PIB. No obstante, el gasto en educación en 2021 crece más de un 70% respecto al año anterior, con 4.893 millones de euros, la mayoría destinado a becas y FP.

Si los profesores son el gran valor del sistema educativo, el abandono escolar es la gran asignatura pendiente. “Los alumnos deberían terminar la ESO con unos mínimos y con expectativas de acceder a una educación superior” y para lograrlo es fundamental el papel del profesorado, unos docentes que reclaman más autonomía en la toma de decisiones que afectan a sus alumnos y a sus centros, afirma la profesora.

España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la UE, según los datos de Eurostat. El 17,3 % de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años no siguieron formándose tras finalizar secundaria en 2019.

Muy relacionado con el abandono escolar están las malas notas. La ley Celaá prevé que los niños puedan pasar de curso con asignaturas pendientes. La ley Celaá apuesta porque los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.

Algunos han criticado mucho esta medida porque consideran que se baja el nivel de conocimientos. Manuel Antonio Muñiz Pérez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo especialista en Educación, explica que no es exactamente así.

“Si el claustro de profesores lo considera, los alumnos con 1 ó 2 asignaturas podrán pasar de curso si hay garantías de que al año siguiente esos estudiantes van a tener recursos –en horas lectivas y con un docente de refuerzo- para enganchar el ritmo del resto de sus compañeros”, argumenta Muñiz Pérez.

Simón señala que un alumno repetidor cuesta 26.000 euros y nada garantiza que ese estudiante vaya a adquirir repitiendo los conceptos que no ha entendido a la primera. “Repetir un curso solo sirve para aburrir y desmotivar a un alumno”, insiste el profesor de economía.

Otro lastre del sistema educativo es la sobrecualificación. El politólogo dice que hay un 37% de titulados universitarios haciendo trabajos en los que no necesitan la preparación que tienen. Para solucionarlo propone ajustar la oferta y la demanda y ello pasa por crear un sistema en el que educación universitaria, de formación profesional y los servicios públicos de empleo vaya de la mano. “El SEPE no debe estar solo para sellar el paro”, sentencia.

Todo esto, señala, pasa por cambiar la perspectiva de la FP, dándole más prestigio y dotándola de más recursos y haciendo que los profesores universitarios también se impliquen en la FP. Simón pone de ejemplo los sistemas educativo vasco y navarro, donde la FP funciona en comunicación con las empresas. “Se trata de que el sistema educativo sea una pata más del sistema económico y del bienestar”.

Es una de las grandes polémicas. La ley Celaá deja claro, primero, que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género (el TSJC ha dado un varapalo ya a esa idea en una sentencia). Cuando no existan plazas suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta. Después, se tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias. Cuando la demanda de plazas supere la oferta las comisiones de admisión velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.

Respecto a los colegios concertados se elimina la "demanda social" para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. A la vez, se apuesta por un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros públicos.

El profesor Muñiz celebra que la ley intente romper con la segregación social entre la escuela pública y la concertada. “Favorece un mayor reparto del alumnado estableciendo que las normas de admisión sean iguales en todos los centros”. Sin embargo, lamenta que nadie haga nada para acabar con las “cuotas semi-obligatorias que imponen los colegios concertados y que son ilegales”.

Para Espejo Villar el gran reto es encontrar ese equilibrio entre la libertad de las familias para elegir qué colegio quieren para sus hijos y la igualdad de oportunidades: “La educación debe ser igual para todos y en igualdad de condiciones”.

Considera que la ley Celaá intenta abordar este asunto cuando habla de demanda social. La profesora señala que la educación concertada y la pública deben convivir siempre que haya una racionalidad económica en función del cumplimiento de unos requisitos y del reparto de alumnos con dificultades entre los dos tipos de centros. “No se trata de que la educación concertada desaparezca, sino que cumpla unas obligaciones porque todos estamos en un mismo proyecto y eso a veces se nos olvida”.

El profesor de economía, en cambio, cree que hoy “sobran plazas en la escuela pública por lo que no tiene sentido concertar nuevas plazas en colegios privados”.

Muñiz Pérez celebra que la religión salga de la escuela y no sea evaluable. “La escuela no es un lugar para enseñar doctrina religiosa y ya existe la historia de la religión”.

La ley Celaá determina que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada. El PP también tiene en su programa apoyar los centros de Educación Especial y el derecho de las familias a elegirlos como propuesta educativa para sus hijos. Y deja claro que facilitaremos la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en el caso de que esa sea la opción elegida por las familias.

Muñiz Pérez considera que la ley pretende dar respuesta a las familias con niños con necesidades especiales que quieren la inclusión de sus hijos en centros ordinarios. Eso llevará –argumenta- a una pérdida de alumnos en los centros de educación especial y, por tanto, algunos cerrarán y quienes tienen niños con necesidades más elevadas temen tener que cambiar a otra escuela que quizás esté más lejos de casa, con las dificultades que ello implica.

En la ley Celaá deja de figurar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Defiende, eso sí, que las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.

El tema de la lengua no responde a ningún criterio técnico educativo, ni para Espejo ni para Muñiz Pérez. “El español no desaparece como lengua vehicular. Lo que ocurre es que más de la mitad del currículo están manos de las CCAA y las que tienen partidos más nacionalistas elegirán el vasco o el catalán como lengua vehicular”, dice el docente.

El gran reto de la educación en nuestro país, dice la docente, es que debe dejar de ser un “discurso de enfrentamiento político” y pone como ejemplo el tema de la lengua, que “no era necesario abordar”.

Para Muñiz Pérez, el reto de cualquier ley educativa es que sea de "consenso". Este profesor confiesa que comparte en su mayoría la ley Celaá –al menos los objetivos- pero inevitablemente admite que “morirá con el Gobierno”.

Espejo, que afirma que las leyes educativas serán "cíclicas e ideológicas" mientras no quede fuera la política, quiere ser optimista y confía en que en el futuro llegue esa ley del acuerdo. Cree en las personas que se encargan del acercamiento entre los partidos podrán “sacar el debate de la cuestión política y dejar la ideología en segundo plano”.